Cuando el nuevo alcalde de Huehuetlán el Chico, por dedazo, fue designado por el poderoso gobernador Rafael Moreno Valle, los pobladores estallaron. El 15 de febrero de 1969 unas 100 personas llegaron hasta las puertas del palacio municipal, para evitar con piedras y palos que un comerciante llamado Luis Sánchez Ríos, tomara protesta.Entre ellos iba Pantaleón Torres, un vecino que cortaba panales. Alcanzó a ver cómo llegaban los soldados hasta las puertas del palacio y unos minutos después se escuchó un ruido ahogado: les estaban disparando. Corrió rápido hasta el parque y se arrastró por debajo de una de las bancas para protegerse. Se recuerda agazapado. Escuchaba el sonido de las pistolas y luego el de unas campanadas. ¿De dónde venían? Esa mañana un vecino, Ageo Vergara, subió hasta el campanario de la iglesia y alertó a todo el pueblo.Álvaro Montaño, un jornalero que estaba en la plaza, escuchó las campanadas. Recuerda que cuando intentó acercarse hasta el portón de la alcaldía vio lo que le sucedió a su hermano Librado, estaba tirado en el piso con un balazo en el cuello. Nadie en Huehuetlán el Chico supo que pasó ese 15 de febrero de 1969 cuando trataron de impedir que Sánchez Ríos tomara protesta. Pero sí lo que vino después: los cuerpos desangrándose afuera del palacio municipal, la mayoría campesinos, sus vecinos.Aquella mañana el gobernador Moreno Valle –quien había alcanzado el grado de general brigadier por méritos especiales, había sido senador de la República por su cercanía con los Ruiz Cortines y también director del Hospital Central Militar–, solicitó al general Eusebio González Saldaña, jefe de la 25 Zona Militar y el inspector general de policía, Joaquín Vázquez Huerta, que solucionaran rápido las protestas. El Ejército y la policía obedecieron, lo hicieron de forma violenta y los masacraron. Aunque la cifra exacta no se conoce, los primeros testigos aseguraron que fueron unas 18 personas. Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA, que reconstruye este caso gracias a expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como este revelan que en México la verdad oficial siempre está en obra negra.Un fraude electoral en Huehuetlán el Chico Para los años sesenta la imposición de candidatos priistas era una práctica nacional que evidentemente llegó hasta Huehuetlán el Chico, entonces un pequeño municipio de 6 mil habitantes, enclavado en el valle de Chiautla, a hora y media de la capital poblana. Según un informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, el delegado del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Luis Noriega, había impuesto el primero de febrero de 1969 al general Rafael Moreno Valle como nuevo gobernador. Moreno Valle nació en la mixteca poblana, en Atlixco. Desde muy joven había ingresado al Colegio Militar y se graduó como médico. Sólo seis años después de graduarse, lo hicieron director del Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Pero su matrimonio con la señorita Lucina Suárez, hija de una familia de rancheros adinerados, fue lo que lo catapultó. Cronistas aseguran que el brinco de la medicina a la política sucedió cuando Moreno Valle atendió a María Izaguirre, la esposa del entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines. Ella lo recomendó con su marido para que se convirtiera en senador. A finales de 1968, el PRI decidió que el general sería el próximo gobernador de Puebla.Mientras tanto en el pequeño municipio de Huehuetlán el Chico, famoso en Puebla por sus montañas y paisajes naturales, el partido de Federacionistas Leales, conformado por campesinos y vecinos, integró una planilla que se presentó en los comicios para tratar de hacerle peso a la imposición del PRI de postular a Luis Sánchez Ríos, un comerciante que era odiado por su relación con este partido, según reportó la prensa local. El día de las votaciones los Federacionistas –un movimiento que había fundado Celestino Gasca, un exmilitar revolucionario, quien pretendió dar un golpe de estado en 1961– arrasó en las urnas. Sin embargo, desde el PRI, se fraguó un fraude y alegaron irregularidades declarándose ganadores. Eso detonaría la masacre de Huehuetlán el Chico.Informes y declaraciones ante el Ministerio Público del Juzgado Segundo de Distrito de Puebla reconstruyen como la mañana del 15 de febrero de 1969 se enteraron de que el alcalde Enrique Quiroz Nájera entregaría la alcaldía al PRI. Unos 200 se manifestaron afuera de la presidencia municipal a las 10:30 de la mañana. Según un parte levantado por la Dirección Federal de Seguridad (DFS), los ánimos se calentaron y unos 25 pobladores se metieron hasta la oficina de la presidencia para exigir a Nájera que entregara la banda de gobierno a Mauro Vergara Aguilar, el candidato elegido por los Federacionistas Leales.Desde el exterior de las oficinas y en la plaza principal pronto vieron que una columna del Ejército llegaba a irrumpir la protesta. La versión oficial fue que los pobladores los agredieron y los soldados simplemente se defendieron. La venganza: encontraron a los militares a la salida del pueblo Según el testimonio rendido por Irineo Saldívar, un agricultor que llegó al lugar de los hechos cuando tocaron las campanas; una vez que el Ejército terminó de disparar a los pobladores no se quedaron con los brazos cruzados: José Peña, un simpatizante de los Federalistas, persiguió a los militares con un rifle en la mano. Otro compañero de militancia, Miguel Aguilar, los atacó con un cuchillo. Aunque los militares trataron de escapar, los vecinos lograron capturar al cabo José Martínez Mondragón. Rafael Moran, otro Federalista, le exigió al presidente municipal que le entregará las llaves de una celda para meter a la cárcel al cabo José Martínez.Los pobladores que sobrevivieron a la masacre persiguieron a los militares y los encontraron a dos kilómetros cerca de la salida del pueblo. Los pobladores les lanzaron piedras y balas. Ese día murieron dos soldados. Eso enfureció al Ejército y, según la DFS, a las 20 horas llegó un convoy militar: con 12 jeeps al mando iba el propio general Eusebio González Saldaña, jefe de operaciones de la 25 Zona Militar, acompañado por el general Antonio Barba del 90 batallón de infantería, con 125 hombres a su mando.El informe revela que rescataron al soldado que había sido encarcelado y después empezaron una cacería por todo Huehuetlán el Chico. Fueron casa por casa y sacaron a campesinos inocentes que ni siquiera habían estado en el palacio municipal por la mañana. Ese día detuvieron a 100 personas y asesinaron de un balazo a un vecino, llamado Hermilo Tapia Castillo.Quizás el informe más importante fue un parte de novedades de la Secretaría de la Defensa Nacional, que informaba que a petición del gobernador Rafael Moreno Valle “y con el fin de evitar presencia de elementos armados durante el cambio de autoridades”, como manera preventiva se enviaron fuerzas a varios municipios del Estado.Un testimonio del militar Gumaro Rojas ante el ministerio público revela cuál fue la versión que sostuvo el Ejército. Declaró que cuando llegaron a Huehuetlán el Chico, unas 60 personas empezaron a salir por la parte trasera del edificio. Se lanzaron contra el pelotón y trataron de “desarmarlos” y “apuñalarlos”. Aseguró que en un primer momento, se contuvieron de atacarlos porque había mujeres y niños, pero cuando los pobladores empezaron a dispararles, sí dieron la orden de repeler la agresión con sus carabinas M2, un viejo rifle que usaban las fuerzas armadas. Documentos encontrados por ArchiveroEsa mañana se reconoció oficialmente que fueron asesinadas siete personas, sin embargo, el periodista Manuel Sánchez del diario La Opinión, contabilizó 18 cuerpos. Según un reporte de la autopsia, uno de los asesinados tenía 75 años, el abuelito Alberto Quiroz iba pasando por ahí y recibió un disparo en el glúteo y en la cara interna del músculo. Murió desangrado.Según el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico los hechos de Huehuetlán el Chico son consideradas una de las masacres cometidas en México y otra de las intervenciones militares que implicó violaciones graves a los derechos humanos. “Este hecho represivo es relevante para constatar la concepción contrainsurgente que tenía el Estado mexicano de las elecciones durante la época”. Paolo Sánchez Castañeda colaboró en la búsqueda de este archivoGSC
