Los vaivenes regulatorios e impositivos del Gobierno están obligando a las empresas energéticas que operan en España a tomar decisiones que en ningún otro caso se hubieran ni tan siquiera planteado. Es lo que ha sucedido con la española Repsol, que anunció la paralización de sus inversiones verdes en nuestro país, valoradas en 1.500 millones de euros. Invertir en España equivale a tener que pagar más impuestos que en otros Estados y también a tener que contar con una legión de abogados para poder navegar en el mar regulatorio establecido por el Gobierno, que las compañías consideran el más enrevesado de los países occidentales. De ahí que se haya visto obligado el Club de la Energía, Enerclub, a hacer público un comunicado en nombre de las compañías del sector (entre ellas Iberdrola, Repsol, Moeve, Naturgy, Endesa, Total, EDP y BP) para, amén de avisar que más impuestos a las empresas lastrarán la inversión de más de 30 mil millones de euros, pedir también procedimientos normativos adecuados, seguridad jurídica y estabilidad regulatoria y fiscal.
Estamos lastrados en España por una política de excesos regulatorios, liderada por la hasta ahora vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológicas, Teresa Ribera, que mantendrá seguro esa misma línea como comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea. El prohibicionismo está perjudicando gravemente a todo el sector, generando tal incertidumbre que, en el ámbito de la automoción, por ejemplo, la gente no sabe bien si comprar un coche o ninguno, con lo que el parque español se está quedando obsoleto, lo que a su vez redunda en que no bajan las emisiones como se pretende desde el Gobierno.
