El exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentó una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte, la cual fue admitida por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esta acusación está relacionada con las muertes y lesiones registradas durante las protestas ocurridas en los primeros meses de su mandato, exactamente, durante diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El viernes 22 de noviembre se llevó a cabo una votación en la que se evaluó la acusación contra la presidenta Dina Boluarte por supuestos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves.
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La tesis de Villena sostiene que la mandataria incumplió los parámetros establecidos al no garantizar la protección de la vida de la población durante las protestas que tuvieron lugar desde su llegada al poder. Según el exfiscal de la Nación, la presidenta fue informada sobre el aumento de las manifestaciones mediante reuniones con altos mandos policiales, reportes de Inteligencia y consultas con ministros. Además, se le notificó sobre el uso excesivo de la fuerza, que resultó en muertes y lesiones, lo que confirma que estaba al tanto de los hechos y permite concluir que tenía conocimiento de los abusos contra los derechos humanos cometidos.
La denuncia, además de incluir a la mandataria, también fue presentada contra los expresidentes del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana y Alberto Otárola Peñaranda, así como contra los exministros de Defensa Alberto Otárola Peñaranda y Jorge Chávez Cresta, y los exministros del Interior César Cervantes Cárdenas, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por los mismos delitos y otros adicionales.
La admisión de la denuncia se dio con el voto favorable de 13 congresistas de la subcomisión, mientras que 6 legisladores se opusieron. Los votos en contra provinieron de los miembros Víctor Flores, Nilza Chacón, Martha Moyano, Héctor Ventura (Fuerza Popular), Nelcy Heidinger (Alianza Para el Progreso) y Jorge Bazán (Renovación Popular).
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El Gobierno de Boluarte es acusado de cometer violaciones graves contra los derechos humanos durante las protestas y movilizaciones sociales. Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las fuerzas de seguridad del Estado habrían utilizado una fuerza excesiva desde diciembre de 2022, causando muertes y heridas a los manifestantes. Además, se han documentado represiones contra movilizaciones pacíficas, lo que ha generado críticas tanto de organismos internacionales como nacionales.
Meses después del inicio de las protestas, Dina Boluarte brindó un mensaje a la nación en el que dedicó seis párrafos a abordar cómo su Gobierno percibe la protección de los derechos humanos. Aseguró que existe un "compromiso" con el respeto a estos derechos, pero no hizo referencia ni ofreció un balance sobre las reparaciones a los familiares de las víctimas de las protestas en su contra.
