En los últimos años, la industria textil orientada a la moda se ha convertido en uno de los sectores industriales con mayor impacto ambiental a nivel mundial, debido principalmente a su elevada huella de carbono y huella hídrica. La producción de ropa contamina el 20% del agua del planeta y genera el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono. En España, se estima que cada año alrededor de 990.000 toneladas de textiles terminan en los vertederos, mientras que las tasas de reciclaje textil siguen siendo bajas: solo entre el 10% y el 12% de los residuos textiles postconsumo se recogen por separado para su reutilización y/o reciclaje, y menos del 1% de la producción total se recicla en ciclo cerrado (es decir, con el mismo uso o uno similar), según datos de Cáritas/ Moda-Re.
Esto podría cambiar a partir de enero de 2025 con la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2018/851, que establece la obligatoriedad de implementar un sistema de recogida separada para los residuos textiles. Los municipios serán responsables de instalar contenedores específicos para este tipo de residuos. Hasta ahora, no existía esta obligación, y la recogida de textiles se limitaba a iniciativas voluntarias, generalmente gestionadas por entidades sin ánimo de lucro como Cáritas o Humana.
Esta directiva europea ha sido incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta normativa no solo exige la recogida separada de textiles, sino que también estipula que al menos el 50% de los contratos municipales relacionados con esta gestión se realicen preferentemente con entidades sociales. «El sector textil representa un flujo de residuos con un volumen creciente debido a la fast fashion. Actualmente, el porcentaje de reciclaje textil es muy bajo, ya que recuperar materiales como el algodón o el poliéster requiere tecnologías que todavía están en desarrollo», destaca Ismael Aznar, socio responsable de Medio Ambiente y Clima de PwC.
La recogida separada será solo una de las medidas clave. Otra iniciativa complementaria es la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), explica Aznar. Similar a lo que ocurre con los envases, los productores de textiles deberán hacerse cargo de sus productos cuando estos se conviertan en residuos. Este proceso implica la creación de sistemas colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), como Ecoembes o Ecovidrio en otros sectores. Empresas como Decathlon, El Corte Inglés, H&M, Ikea, Inditex, Kiabi, Mango, Primark, JD Sports y Tendam ya se han agrupado bajo el SCRAP Re-Viste, diseñado para financiar la gestión integral de los residuos textiles. Las experiencias en otros países que han implementado regímenes de Responsabilidad Ampliada del Productor para textiles muestran los beneficios de este sistema. El caso más exitoso dentro de la UE es el de Francia, implementado en 2008.
Adicionalmente, existen otras regulaciones para impulsar la sostenibilidad en el sector textil, como el Reglamento de Traslado de Residuos, que limitará la exportación de residuos textiles a terceros países y obligará a gestionar un mayor volumen dentro de Europa. Esto contribuirá a reducir los vertederos ilegales en países en desarrollo. Por otro lado, el Reglamento de Ecodiseño establecerá criterios para que los productos textiles sean más sostenibles, duraderos, reparables e incluyan un porcentaje mínimo de material reciclado. Aunque esta norma aún está en desarrollo, se espera que marque un antes y un después en la fabricación de prendas. «España, con su combinación de marcas líderes, industria textil local y políticas avanzadas, está bien posicionada para ser un actor clave en esta transformación. Sin embargo, el éxito dependerá de la colaboración entre empresas, entidades sociales y administraciones públicas, así como de la adopción de estas medidas por parte de los consumidores», subraya Aznar. Finalmente, para fomentar la reutilización de productos textiles y el crecimiento de las tiendas de segunda mano, una demanda histórica del sector es la eliminación del IVA sobre los productos reutilizables, evitando así la doble imposición.
