Todos los caminos de Víctor de Aldama conducen al Tribunal Supremo (TS) tras su declaración ante el juez del «caso Koldo» en la Audiencia Nacional. Aunque se da por hecha su comparecencia como testigo ante el magistrado Ángel Hurtado –instructor de la causa penal abierta contra Ábalos por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación–, fuentes del alto tribunal abren incluso la puerta a que, pese a no ser aforado, termine siendo formalmente investigado por el Supremo junto al exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE. Esas mismas fuentes recuerdan a LA RAZÓN que, al asumir la investigación a Ábalos (tras ratificar los indicios apuntados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en su exposición razonada), la Sala Penal del Tribunal Supremo dejó claro que, más allá del exministro socialista, en el futuro podría asumir la instrucción sobre algún otro investigado si esta resultase inescindible de los hechos por los que el que fuera hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el partido está imputado. «Lo normal será que declare en el Tribunal Supremo, aunque eso depende de la decisión del instructor, pero no hay que descartar que termine asumiendo también la investigación a Aldama», advierten. Hurtado –enfrascado ahora en ponerse al día de una causa que acumula ya miles de folios antes de llamar a declarar como investigado a Ábalos– ya ha recibido una copia de la declaración del conseguidor de la «trama Koldo». En principio, debe valorar los indicios contra el exministro en esas manifestaciones (Aldama detalló el pago de supuestos sobornos en efectivo y también en especies), pero en el Supremo precisan que también queda a criterio de Hurtado «reclamar la causa respecto a los aforados aludidos en su declaración» si considera que existen indicios suficientes para investigarlos. Y es que el empresario puso sobre la mesa un supuesto pago a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE (15.000 euros), y la reclamación a la trama de 50.000 euros del exministro canario Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial, que no se llegaron a desembolsar, e incluso implicó a Pedro Sánchez y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la visita exprés de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España en enero de 2020 pese a las sanciones de la UE que le impedían pisar territorio Schengen. Unas graves acusaciones a las que el PSOE ya ha respondido con el anuncio de una querella todavía en suspenso a la espera del resultado de la demanda de conciliación para que Aldama se retracte.
A la espera de que se perfilen los efectos procesales de la declaración de Aldama, el foco de la investigación está puesto ahora en el análisis de la abundante documentación intervenida al comisionista por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El expresidente del Zamora CF ya avisó a Sánchez nada más poner un pie fuera de prisión de que «tendrá pruebas» que sustenten sus acusaciones. El abogado de la asociación Liberum, una de las acusaciones populares del «caso Koldo», Alexis Aneas, incide en que «las acusaciones hay que demostrarlas» y se muestra convencido de que «ha aportado documentación o se ha comprometido a hacerlo» fruto de unas negociaciones previas con la Fiscalía Anticorrupción. «Algo nos falta para entender esa salida de prisión tan rápida. Solo por una declaración en la que, además, se está inculpando con delitos que no se conocían, me cuesta creer esa inmediata puesta en libertad».
Menos dudas tiene el letrado de Iustitia Europa, Luis María Pardo. «Lo tiene todo la UCO, que es la que tiene que aportar toda la documentación porque todo el material está intervenido». «No tengo ninguna duda de que la prueba está. Seguramente ya se haya entregado al juez», subraya.
Javier María Pérez-Roldán, abogado de Hazte Oír, no lo tiene tan claro. «Políticamente, su declaración hace mucho daño, pero jurídicamente no ha aportado datos suficientes para que la investigación judicial puede progresar. Sus declaraciones pueden ser ciertas, pero no nos aporta más indicios sólidos». El letrado cuestiona que las manifestaciones del «conseguidor» tengan la entidad suficiente para beneficiarse en el futuro de la atenuante de colaboración con la Justicia (que reduciría una posible condena). «No ha aportado pruebas ni ha asumido su responsabilidad. En las mascarillas insiste en que era la oferta más beneficiosa y que anticipaban el dinero, pero sabemos que eso no es verdad», apunta.
Una de las defensas de los investigados no ve disparatado que Aldama acabe investigado en el Supremo. «Creo que, efectivamente, Aldama esta muy ligado con Ábalos y por tanto no sería descabellado. Como mínimo, tendrá que ir a declarar como testigo”, aseguran esas fuentes, que se muestran convencidas de que sus palabras están apuntaladas por documentación.
“Ya hay indicios en el informe de la UCO del 8 de octubre”, recuerdan. Y respecto a la posibilidad de que afloren mensajes de otros ministros o del jefe de gabinete de Montero, señalan que “debe de tener whatsapps y los irá dosificando”. En relación a la dimensión procesal de su colaboración con la Justicia, dan por segura al menos “la atenuante de confesión” y “un trato de favor por parte de la Fiscalía”.
Sí se muestran críticas con la querella anunciada en bloque por el PSOE contra Aldama. “Es de cara a la galería y no tiene ningún recorrido. Se trata de declaraciones de un investigado en fase de instrucción. Es un farol. Puede incitar a Aldama a sacar más cosas antes de lo previsto. Debe de tener mensajes o whatsapp y los irá dosificando
