La inclusión de Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados recaería, principalmente, en el Ministerio del Interior, liderado por Juan José Santiváñez. La Fiscalía sostiene que existe evidencia suficiente para su captura, pero expertos advierten que la apelación en trámite podría complicar el proceso y retrasar una decisión definitiva. Además, señalan que tanto la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad como el Despacho Viceministerial de Orden Interno podrían influir, teóricamente, en dicho enlistamiento.
Según las declaraciones obtenidas, la incorporación de Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados sería prematura, ya que su situación jurídica no está definida. Actualmente, el acusado tiene un recurso de apelación en trámite, que podría revocar la orden de prisión preventiva. “Incluirlo ahora podría vulnerar su derecho a la presunción de inocencia”, señaló el exministro Wilfredo Pedraza.
A pesar de esto, no existe impedimento legal para que el Ministerio del Interior actúe. Sin embargo, la falta de difusión y de voluntad política ha ralentizado procesos similares en el pasado. Casos emblemáticos, como el de Vladimir Cerrón, han evidenciado que las decisiones en este ámbito suelen estar influenciadas por presiones sociales y políticas.
"Eso depende exclusivamente del sector Interior y, obviamente, de la Policía. Pero, vamos, la Policía, la Dirección de Inteligencia de la Policía y la gestión de inteligencia del Ministerio dejaron escapar a Nicanor Boluarte. Entonces, no veo ninguna voluntad real; más bien, lo que encuentro es una voluntad política de ayudarlo a evadir la captura, muy parecido a lo de Vladimir Cerrón", manifestó el extitular de la cartera del Interior, Ricardo Valdés.
El recurso de apelación presentado por Boluarte Zegarra contra la prisión preventiva dictada en su contra es un factor clave que podría retrasar su inclusión en la lista de los más buscados. Según el exministro Wilfredo Pedraza, mientras no exista una resolución firme en segunda instancia, el acusado conserva su derecho a la presunción de inocencia, lo que podría ser utilizado como argumento para evitar su incorporación al programa de recompensas del Ministerio del Interior. “Sin una decisión definitiva, su inclusión podría interpretarse como una vulneración de derechos”, explicó.
"Las personas que están en prisión preventiva en primera instancia no tienen la obligación de presentarse, salvo que la segunda instancia lo confirme. Por tanto, es un prófugo, sin duda, porque hay un mandato judicial; pero la ley no lo obliga a presentarse. La ley le permite apelar manteniendo su libertad, sin que eso se considere un aspecto negativo, porque evidentemente, como regla general, toda decisión judicial se revisa por la doble instancia. Así que él está en una situación de limbo, diría. Es un prófugo, pero desde mi perspectiva, incorporarlo al programa de los más buscados me parece prematuro.", añadió Pedraza.
Otra clave para entender la posible inclusión del hermano de la presidenta Dina Boluarte en la lista de los más buscados es la presión ciudadana. Según indicó Valdés, esta ha sido determinante en casos anteriores para impulsar la acción del gobierno. “Solo con una fuerte presión social o mediática podrían considerar su incorporación, pero hasta ahora no hay indicios de que eso suceda”, enfatizó.
El Ejecutivo también tiene la posibilidad de utilizar sus propios medios, como el canal estatal y las plataformas digitales, para difundir información sobre la búsqueda de Boluarte, aunque esta estrategia no ha sido implementada.
"El Ejecutivo tiene la capacidad de deslindar y mostrar independencia, pero hasta ahora no lo ha hecho. Sin presión ciudadana, no parece probable que lo incluyan en el programa de los más buscados”, manifestó Ricardo Valdés.
Aunque la decisión de incluir a Nicanor Boluarte en la lista de los más buscados recae principalmente en el Ministerio del Interior, el viceministro de Orden Interno tiene la facultad de solicitar formalmente que la Comisión de Recompensas evalúe su caso. Sin embargo, expertos señalan que una acción de este tipo podría generar tensiones dentro del Ejecutivo, especialmente si no cuenta con el respaldo del ministro o de la presidenta Dina Boluarte, dada la relación familiar involucrada.
"La potestad la tiene y podría solicitar, por la vía regular, que la Comisión se reúna y evalúe su incorporación en la lista de los más buscados. Sin embargo, al día siguiente, seguramente tendría que presentar su renuncia"., señalo el exmininter Valdés
Actualmente, la falta de acciones concretas por parte de las autoridades refleja un escenario de incertidumbre. Según declaraciones recientes, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior no han mostrado intención de actuar con rapidez, lo que deja entrever posibles deficiencias en la coordinación y en la voluntad política.
“Es evidente que hubo oportunidades para capturarlo antes de que se fugara. Esto demuestra una falta de vigilancia efectiva y posiblemente intencionada”, afirmó Ricardo Valdés, quien sugirió que la situación podría haberse evitado con medidas preventivas más estrictas.
El caso de Boluarte ha sido comparado con otros procesos recientes, como el de Vladimir Cerrón, quien también enfrentó problemas legales. En su caso, la recompensa por información aumentó significativamente en poco tiempo para reforzar la percepción de un esfuerzo real por capturarlo. Sin embargo, el especialista Valdés destaco que dicha medida estuvo acompañada de múltiples filtraciones que dificultaron su captura.
"Hay un caso clarísimo: cuando la señora Boluarte quiso dar muestras de que sí está buscando y persiguiendo a Cerrón denodadamente, duplicaron la recompensa. Y como la gente no creyó mucho y se volvió a escapar, volvieron a incrementar la recompensa. Tuvo una subida fuerte la recompensa de Cerrón en un lapso muy breve, y esto fue presión", remarcó Valdés.
"Obviamente, fue propuesto por el ministro para decir: "Banquemos el mensaje político de que sí lo estamos buscando y que estamos interesados en encontrarlo", pese a todo lo que se conocía de las filtraciones que se están dando a nivel del sector Interior. Entonces, por eso digo que sí, evidentemente, si la Presidenta quisiera que la Policía o el Ministerio del Interior coloque dentro de los más buscados a su hermano, puede hacerlo", agregó.
