El estado de Texas, liderado por el gobernador Greg Abbott, ha intensificado sus esfuerzos para combatir la migración irregular mediante la instalación de más boyas flotantes en el Río Bravo, también conocido como río Grande. Estas barreras forman parte de Operation Lone Star, un programa multimillonario iniciado en 2021 que incluye estrategias como la instalación de alambradas, el despliegue de la Guardia Nacional y la contratación de oficiales armados. A pesar de las disputas legales con el gobierno federal, Abbott ha reafirmado su compromiso de mantener estas medidas.
El despliegue de las boyas ha generado controversias por sus implicaciones legales, humanitarias y medioambientales. La administración Biden argumenta que estas estructuras violan la Ley de Puertos y Ríos por no contar con un permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., mientras que Texas defiende su derecho a utilizarlas para reforzar la seguridad estatal.
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Operation Lone Star es una iniciativa lanzada en 2021 por el gobernador Abbott con el objetivo de frenar los cruces ilegales en la frontera con México. Este programa ha movilizado recursos significativos, incluyendo la instalación de barreras flotantes, cercas de alambre y cables de acero, además del despliegue de la Guardia Nacional en puntos estratégicos.
En junio de 2023, Texas instaló las primeras boyas flotantes cerca de Eagle Pass, a un costo aproximado de un millón de dólares. Este sector ha sido identificado como uno de los principales puntos de cruce de migrantes, con más de 270,000 encuentros reportados por la Patrulla Fronteriza en 2024. Las boyas, descritas como estructuras para controlar el movimiento a través del agua, se han convertido en un símbolo del enfoque restrictivo de Texas hacia la inmigración.
La instalación de estas barreras flotantes ha provocado una batalla legal entre el estado de Texas y la administración de Joe Biden. Según el gobierno federal, las boyas violan regulaciones ambientales y humanitarias, además de la Ley de Puertos y Ríos, al no contar con los permisos necesarios.
En un primer fallo, un tribunal federal falló a favor de la administración Biden, ordenando la retirada de las boyas. Sin embargo, esta decisión fue revertida por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, lo que permitió a Texas continuar con su plan. Abbott ha declarado en redes sociales que, pese a las objeciones del gobierno federal, las boyas “están aquí para quedarse”. Se prevé que el caso llegue hasta la Corte Suprema.
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Las medidas implementadas por Texas han intensificado el debate público sobre la inmigración en la frontera sur. Mientras el gobierno estatal defiende sus acciones como necesarias para proteger a los tejanos, organizaciones humanitarias y ambientales critican las políticas por sus posibles impactos negativos.
La tensión política podría aumentar el próximo año, ya que el presidente electo Donald Trump ha expresado su intención de implementar restricciones migratorias más severas si regresa a la Casa Blanca. Estas medidas, que incluyen un mayor cierre de la frontera, reflejan una postura similar a la de Abbott y otros líderes republicanos en estados fronterizos.
