El juez que investiga el «caso Koldo» en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, espera entre el lunes y el martes a cuatro de los principales socios de Víctor de Aldama en el entramado de cobro de comisiones en las adjudicaciones para el suministro de mascarillas a varias administraciones públicas.
En ellos están puestas todas las miradas tras la confesión voluntaria que protagonizó este pasado jueves el comisionista y en la que lanzó serias acusaciones a ministros y cargos socialistas. Lo que digan en los dos primeros días de la semana venidera puede, por tanto, hacer temblar los cimientos de Moncloa y de Ferraz.
Se trata de Ignacio Díaz Tapia, César Moreno García y Javier Serrano Costumero, los colaboradores de Aldama que formaban el grupo conocido como «los cuatro mosqueteros» –así se llamaba el chat de Whatsapp a través del que se comunicaban con el «conseguidor»–.
El cuarto citado es Luis Alberto Escolano Marín, la persona que sobre el papel alquiló el apartamento en el mítico edificio de Torre Madrid, situado en la madrileña Plaza de España, para el uso y disfrute de Jéssica R.G., la novia de José Luis Ábalos en los años de la Covid. La renta de 2.700 euros al mes, en realidad, la pagaba el empresario desde el verano de 2019 hasta finales de 2021.
Todos ellos actuaban, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, como los testaferros a través de los que Aldama trató de ocultar los beneficios obtenidos, las «mordidas», de los contratos públicos de las mascarillas, en empresas radicadas en Portugal. Realizó una «despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional» utilizando estas mercantiles portuguesas de las que estos varones eran propietarios.
El fin era que Aldama evitase responder con estos activos a los incumplimientos en el pago de los impuestos de Sociedades e IVA a los que tuviese que hacer frente ante la Agencia Tributaria en relación los beneficios que se embolsó con los contratos de las mascarillas y las pruebas PCR.
Para ello puso a nombre de hasta seis sociedades portuguesas bienes muebles e inmuebles que eran de su propiedad. Y por ello recientemente imputó a estas cuatro personas los delitos de cohecho y organización criminal.
Díaz Tapia, apodado en el seno de la trama como «Nacho Flashback», declarará el martes a partir de las 10:00 horas de la mañana. Socio de Aldama, fue quien contactó con el Ministerio de Sanidad que entonces dirigía Salvador Illa y el Gobierno de Canarias, que presidía en aquel momento el ahora ministro socialista Ángel Víctor Torres, para lograr que el Servicio de Salud canario adjudicase en noviembre de 2020 a la principal empresa de la trama, Soluciones de Gestión, cuatro contratos para el suministro de mascarillas por un valor total de 12,3 millones de dinero público.
Fue, de igual forma, la persona a la que la mano derecha de Ábalos en Transportes, Koldo García, puso en contacto a través de Francina Armengol, en aquel momento presidenta de Baleares, con su consejera de Salud, Patricia Gómez. La razón era abordar la posible concesión de adjudicaciones para la realización de pruebas PCR.
Díaz Tapia se reunió con ella en la sede de la Consejería insular en agosto de 2020, como confirmó la UCO. Finalmente, el Servicio de Salud balear firmó dos acuerdos de más de un millón de euros con otra de sus compañías, Eurofins Megalab, para la ejecución de pruebas diagnóstico de la Covid. «Flashback» supuestamente evitó también el rastreo de bienes de Aldama con la mercantil Etapinvisível Unipessoal LDA.
Escolano, llamado a comparecer el lunes, presuntamente ocultó patrimonio de Aldama echando mano de tres mercantiles lusas en las que era socio-gerente: CuboFlamejante LDA, Agarróbvio Unipessoal LDA y Proezencontrada LDA. En esta última Aldama, considerado «nexo corruptor» en Transportes, era titular del 20 por ciento de las acciones.
Por su parte, Serrano, citado para el martes, habría participado en el entramado societario urdido por el expresidente del Zamora Club de Fútbol con el mismo cargo de socio-gente en BravaPercepcao LDA, de la que era único propietario.
Lo mismo ocurre con Moreno, que será interrogado el lunes como titular de la sociedad registrada en el país vecino Fenomenoesferico Unipessoal LDA. Anticorrupción, que reclamó que fueran imputados por estos dos delitos adicionales, implicó a los cuatro hombres como partícipes de las gestiones que puso en marcha Aldama para lograr los citados contratos sanitarios millonarios que suscribió la trama de comisiones ilegales con las administraciones balear y canaria.
Tendrá, asimismo, que prestar declaración el martes como investigada la que ejercía como secretaria del comisionista madrileño, María Piedad Losada Romo, a la que la Fiscalía le atribuye el papel de cooperadora necesaria al «tener conocimiento del pago de comisiones con dinero en efectivo con motivos de los contratos investigados», que son también los de Transportes e Interior.
