Más allá del terremoto político en el PSOE, las explosivas declaraciones de Víctor de Aldama ante el juez tendrán también consecuencias judiciales, y no solo en el «caso Koldo» o en la investigación que mantiene abierta el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos por cuatro delitos. El supuesto conseguidor de la trama no solo señaló a ministros y altos cargos socialistas como Santos Cerdán, sino que también se refirió, aunque de manera fugaz, a Begoña Gómez y su relación con Wakalua, la filial de Globalia que patrocinó el África Center que dirigía la esposa de Pedro Sánchez. Una sinergia entre el «caso Koldo» y la investigación a la mujer del presidente del Gobierno que no ha pasado desapercibida para las acusaciones populares personadas en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado, que quieren llevar ahora ante el magistrado a Aldama para que declare como testigo al entender que las palabras de Aldama «refuerzan la hipótesis de posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios».
Y pretenden que sea citado «con urgencia» ante el «potencial riesgo que sufre» el empresario –señalan– al resultar su declaración en la Audiencia Nacional «incriminatoria y perjudicial para altos cargos del PSOE y del Gobierno», entre los que incluyen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «esposo de la investigada».
Varias de esas acusaciones –Vox, Hazte Oír e Iustitia Europa– también son parte en el «caso Koldo», por lo que sus abogados estuvieron presentes en la declaración de Aldama del pasado jueves y consideran que el comisionista puso de manifiesto «hechos relevantes» para la investigación de Peinado a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.
La acción popular se refiere a la reunión que desveló entre la ya exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera (flamante vicepresidenta de la Comisión Europea), y Begoña Gómez para tratar de impulsar un proyecto en la España vaciada de la mano de Wakalua.
En primer lugar, quieren que Peinado reclame la declaración de Aldama al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del «caso Koldo», que ya se la ha remitido tanto al Tribunal Supremo, que investiga a Ábalos, como al también juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que mantiene imputado al comisionista por un supuesto fraude tributario en el sector de los hidrocarburos por más de 180 millones de euros (fue precisamente Pedraz quien la noche del jueves acordó su libertad a petición de la Fiscalía Anticorrupción).
Las diligencias de investigación que proponen a Peinado –a instancias de Hazte Oír– no se circunscriben únicamente a la declaración como testigo de Aldama, sino que también quieren que testifique la ministra Teresa Ribera. Y recuerdan que el Ministerio de Transición Ecológica «otorgó financiación pública a proyectos relacionados con la España vaciada, incluyendo uno liderado» por Begoña Gómez. Se refieren, en particular, a una iniciativa centrada en «comunidades energéticas rurales» que recibió casi 100.000 euros a través de la plataforma G-100 y que fue gestionada por El Hueco Labs SL. Una información, subrayan, que «toma mayor relevancia» tras la declaración de Aldama. De ahí que vean «imprescindible» esclarecer si Ribera «tenía conocimiento de la intervención» de la esposa de Sánchez en estos proyectos y «las circunstancias bajo las cuales se aprobó esta financiación».
De hecho, en el escrito que remitirán de inmediato al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, argumentan por qué sus manifestaciones «son de profundo interés» para el «caso Begoña Gómez». En primer lugar, las acusaciones llaman la atención sobre el hecho de que uno de los delitos por los que Begoña Gómez está siendo investigada es el de tráfico de influencias «y tampoco puede obviarse» –recalcan– que Wakalua «está presente» en la querella de la acusación popular Hazte Oír y que sobre esta sociedad «se han practicado diferentes diligencias a lo largo de la presente investigación». Sin ir más lejos, el pasado 26 de agosto declaró como testigo la exdirectora de Wakalua Leticia Lauffer, quien explicó que por la pandemia solo se desembolsaron menos del 5% (1.700 euros) de los 40.000 euros comprometidos para patrocinar a el IE Africa Center que dirigía Gómez, un patrocinio que coincidió en el tiempo con el rescate de Air Europa con 600 millones de euros de dinero público (unos hechos que, sin embargo, la Audiencia de Madrid ha mantenido por dos veces al margen de la instrucción de Peinado).
Aldama explicó al juez Moreno que ese proyecto en la España vaciada que involucraba a Wakalua –y por el que Teresa Ribera se reunió con Begoña Gómez, una cita en la que el empresario dijo que no estuvo presente– pasaba por «convertir esos pueblos, esas zonas, en pueblos temáticos», generando puesto de trabajo de mano de obra local y aprovechando «todas esas infraestructuras en desuso que se estaban cayendo, o en muchos casos no, porque los pueblos estaban bien». Aunque Aldama no estuviese presente en esa reunión, apuntan que puesto que en esas fechas «formaba parte de Wakalua y que esta sociedad era la mayor interesada en el proyecto», el empresario «debía tener pleno conocimiento de las reuniones».
La propia Lauffer, recuerdan, dijo en la comisión de investigación del Senado que estuvo con Begoña Gómez «en reuniones con Air Europa (Wakalua) ajenas al conocido rescate y una de esas reuniones fue por la España vaciada, lo que encaja en lo señalado por Aldama».
Las acusaciones populares hacen hincapié en que esos proyectos «deberían ser puestos en conocimiento» del instructor con mayor detalle tanto por Ribera como por el comisionista «pues no sería descartable que la investigada hubiese llevado a cabo presuntas actividades ilícitas vinculadas» a los hechos por los que está siendo investigada por Peinado.
