Luego de meses de expectativa, el Ejecutivo presentó ante el Congreso de la República su propuesta para generar un nuevo marco legal para la pequeña minería y la minería artesanal: La Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal (Ley MAPE). Esta iniciativa no ha sido ajena a la polémica, luego de que diversos especialistas hicieran públicas sus críticas hacia la iniciativa presentada por la cartera de Energía y Minas dirigida por el ministro Rómulo Mucho.
En La República, hablamos con Mayra Figueroa, Directora General de Formalización Minera y propulsora de la Ley MAPE. Ella nos comentó más detalles sobre la ley, su visión alrededor del clamor minero y su opinión sobre la censura presentada contra el ministro Mucho.
Existe desconocimiento general sobre la Ley MAPE. ¿Qué facilidades le brindaría esta iniciativa a los mineros informales y artesanales que buscan la formalización?
En principio, como bien señalas, a veces no estamos bien familiarizados con los temas. Nosotros como Ministerio de Energía y Minas teníamos la obligación de presentar un proyecto de ley que regule las cuestiones de minería y minería artesanal. Una de las cosas que nosotros hemos considerado importante mantener en este proyecto de ley es justamente la continuidad de los trámites de procesos de formalización minera integral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se publique la norma, los trámites correspondientes al proceso de formalización se van a seguir manteniendo a través de las direcciones regionales. Pasados los tres meses, pasa a manos del ministerio de Energía y Minas.
Otra de las cosas que hemos visto también necesarios para contemplar dentro de estos proyectos de ley es promover incentivos entre los pequeños mineros o mineros en vías de formalización. Lo que nosotros hemos señalado es que el exceso de formalización minera implica que sean excluidos mineros que han venido realizando actividades en áreas naturales protegidas, hemos tenido fallecidos dentro del registro que se han tenido que excluir y hay mineros que todavía siguen realizando la actividad. La norma busca que el Estado identifique áreas con potencial biológico donde se pueda desarrollar la pequeña minería y minería artesanal.
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Expertos han afirmado que el REINFO ha sido usado por mineros ilegales como una especie de limbo jurídico ¿Cómo plantea contrarrestar el proyecto del Ejecutivo contra esta problemática?
El proyecto deroga una disposición del Decreto Legislativo N° 1351 que eximía de responsabilidad por el delito de minería ilegal a los mineros inscritos en el REINFO. Esta disposición en esta ley está siendo derogado, con lo que se permitirá que la Fiscalía y la Policía puedan hacer su trabajo.
De acuerdo con el artículo 13 de la Ley MAPE los mineros informales tienen que acreditar un contrato de explotación con el titular de la concesión para legalizarse; sin embargo, en ocasiones, esto no sucede. ¿Han tenido en cuenta este ese escenario también?
Sí, efectivamente. Nosotros en el proyecto de ley hemos tratado de incorporar algunos incentivos para lograr esta circunstancia de contratos de explotación. Por ejemplo, la exoneración de pagos de derechos de vigencia o penalidad. Pero también hemos analizado desde el ministerio otros tipos de beneficios. Efectivamente, es una problemática que estamos recogiendo y que se puede mejorar en el reglamento y también con otros decretos supremos, tal como dice la norma.
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Al respecto, la Ley MAPE nace luego de las constantes protestas contra el REINFO. ¿Desde el ministerio no hubo alguna predicción de esta protesta que ha explotado ahora por parte de los mineros? ¿No existió respuesta antes?
Sí, en principio, el ingeniero Rómulo Mucho asume la cartera (de Energía y Minas) en febrero. Una de las cosas que nos encarga es la elaboración de un proyecto de ley, porque teníamos una obligación que cumplir. Hemos trabajado en un proyecto que tiene todo un proceso de socialización que no es rápido. Generar una norma de este tipo no es rápido porque se tiene que socializar con todos los actores para recoger su preocupación y plasmarla. Esto entendiendo que hace falta un reglamento. Toda ley para este tipo de actividades necesita una reglamentación para que se explique que se quiere regular.
La ley MAPE no ha estado exenta de observaciones. Algunos dicen que no apunta al tema de fondo: la legalización y formalización de la pequeña minería. ¿Qué podría decir al respecto?
El objeto de la ley es ordenar el desarrollo de la minería y la minería artesanal, reconociendo el tema necesario de la formalización es que estamos planteando esta continuidad de los procedimientos. Después de los 6 meses, el Ministerio de Energía y Minas va a tener la responsabilidad de llevar el procedimiento de formalización, que es el clamor que hemos escuchado, el ministerio tomará la rectoría. Luego de pasados los 6 meses las direcciones regionales podrán avanzar para que los planes se sostengan.
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Por último, ¿Cuál es su opinión respecto a que esta ley pueda generar la censura contra Rómulo Mucho?
Lo he manifestado en algún momento, lamentablemente hay un mal entendimiento de la norma y de lo que quiere el Estado. Nosotros nos hemos puesto, tanto el ministro, el viceministro y el equipo técnico, a total disposición para romper con algunos mitos que se están generando. De nuestra parte, como equipo técnico, tenemos toda la voluntad de tener una norma que sirva para regular esta problemática y en esa línea seguiremos trabajando.
