Las acciones legales que el PSOE anunció el mismo jueves en que Víctor de Aldama «disparó» contra ministros y cargos socialistas en su declaración ante el juez del «caso Koldo» se han concretado finalmente a última hora de este viernes.
Desde Ferraz han presentado una demanda de conciliación contra el «conseguidor» de la trama de comisiones ilegales en el suministro de mascarillas a administraciones públicas que estaban todas ellas gobernadas por el Partido Socialista.
Es el paso previo que han dado antes de interponer una querella en la que le acusan de incurrir en delitos de injurias y calumnias por afirmaciones como que el actual «número dos» de la formación, Santos Cerdán, cobró 25.000 euros en efectivo hasta que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reclamó una «mordida» de 50.000 euros por el contrato que firmó Canarias cuando él era presidente con la trama para la compra de mascarillas.
La demanda presentada ante la Justicia madrileña la encabezan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.
Aldama afirmó, por un lado, que el líder socialista quiso conocerle y hablar con él, con lo que fue invitado por el exministro José Luis Ábalos y el que era su principal asesor, Koldo García, a asistir a un acto político en el que Sánchez habría aprovechado para decirle «gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado».
Sobre su mujer aseveró que fue parte de una de las reuniones que hubo para el desarrollo de un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica gestionado por el propio comisionista con la ya exministra de este ramo, Teresa Ribera.
También se presenta en nombre de María Jesús Montero, a la que señaló como consciente de la influencia que él estaba ejerciendo para que el Gobierno rescatase Air Europa, y del jefe de gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Carlos Moreno, del que afirmó que le reclamó 25.000 euros en efectivo para evitar el embargo de una de sus empresas.
Asimismo, otro de los que se incluye en esta medida judicial es el president Salvador Illa. Aldama expuso ante el juez que tenía planeado acudir a una cena con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, junto a otros ministros.
En la demanda se defiende que este conjunto de afirmaciones son «rotundamente falsas» y se considera que «atentan gravemente contra el honor» de todos ellos e, incluso, del PSOE como persona jurídica y del Gobierno como institución.
Apunta Ferraz en el documento a que este relato es difamatorio y «tiene una clara intencionalidad». Ven las palabras de hombre de la «trama Koldo» como «premeditadas», «torticeras» y cargadas de una «evidente finalidad política».
Los socialistas han tomado cartas en este asunto para intentar que las acusaciones vertidas por Aldama no puedan «ampararse fraudulentamente en el derecho a la defensa, que permite la mentira en favor propio» dada la «gravedad y transcendencia pública» que tuvieron.
Para acabar siembran la duda de si lo dicho por Aldama obedece «a intereses propios o también de terceros», si lo pronunció «de motu proprio o a cambio de precio o recompensa».
De Aldama abandonó el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) en el que permanecía en prisión preventiva en relación con otra investigación judicial, la relacionada con un supuesto fraude de hidrocarburos.
