Pam Bondi, la abogada elegida por Donald Trump para ser la fiscal general de Estados Unidos, es una aliada incondicional del presidente electo, lo defendió durante su juicio político en su primer mandato y promovió sus falsas acusaciones de fraude electoral cuando trataba de aferrarse a la Casa Blanca.
Si recibe la confirmación para el cargo en el Senado, esta ex fiscal general de Florida, de 59 años, servirá entonces como la principal funcionaria de aplicación de la ley en la segunda administración de Trump.
"Durante demasiado tiempo, el partidista Departamento de Justicia fue utilizado como arma contra mí y otros republicanos. Ya no", escribió Trump en su red Truth Social. "Pam reorientará el Departamento de Justicia hacia su propósito previsto de combatir el crimen y hacer a Estados Unidos seguro de nuevo", resaltó el expresidente (2017-2021).
La nominación de Bondi significa que los altos cargos del Departamento de Justicia estarán ocupados por leales a Trump, ya que el republicano nombró a tres de los abogados que lo defendieron en sus múltiples casos penales en otros puestos de responsabilidad.
Trump se decantó por Bondi para fiscal general el jueves después de que su primer elegido, el polémico exlegislador de Florida Matt Gaetz, decidiera renunciar como aspirante en medio ante acusaciones de mala conducta sexual y dudas de que tuviera el respaldo suficiente para lograr el aval del Senado.
Graduada en Derecho por la Universidad de Florida y la Universidad Stetson, Bondi trabajó como fiscal durante 18 años antes de ser nombrada en 2010 fiscal general del conocido "Estado del Sol", la primera mujer en ocupar ese puesto.
Bondi, oriunda de ese estado adoptivo de Trump, fue reelegida para un segundo periodo en 2014.
Como fiscal general floridana, Bondi luchó notablemente contra la adicción a los opioides y el tráfico de personas, al tiempo que adoptó una postura firme contra el crimen y apoyó la pena de muerte.
Bondi demandó a la gigante British Petroleum (BP) por el derrame de crudo de Deepwater Horizon en el golfo de México en 2010 y obtuvo más de 2.000 millones de dólares en asistencia económica para Florida, según su página biográfica en Ballard Partners, una poderosa firma de lobby en la que ha trabajado después de dejar el cargo.
Mientras se desempeñaba como fiscal de Florida, Bondi se vio envuelta en una controversia que involucraba a Trump cuando en 2013 se negó a unirse a una acusación a nivel de varios estados que acusaba a la Universidad Trump por supuesto fraude.
Más tarde se supo que el comité de reelección de Bondi había recibido una donación de 25.000 dólares de la benéfica Trump Foundation. Tanto Trump como Bondi negaron haber cometido algún delito.
Bondi se unió al equipo legal de Trump durante su primer juicio político de destitución, en el que se le señaló de supuestamente presionar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que encontrara información política sucia sobre su oponente electoral de 2020 y hoy presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden.
Trump fue acusado por la Cámara de Representantes -controlada por los demócratas-, pero absuelto por el Senado -de mayoría republicana-.
Después de las elecciones de 2020, Bondi hizo apariciones televisivas en nombre de Trump y presionó para deslegitimar el recuento de votos en estados disputados como parte del esfuerzo del expresidente para anular los resultados de la votación que dio el triunfo a Biden.
Bondi también ha criticado los procesos penales iniciados contra Trump y se mostró solidaria con él en su juicio en Nueva York, donde fue condenado por falsificar registros comerciales para encubrir pagos realizados a una estrella porno con el fin de garantizar su silencio y esconder una supuesta aventura.
En Ballard Partners, Bondi trabajó para la gigante Amazon, General Motors (GM) y Uber, y como lobista registrada para Catar, una nación rica en petróleo, según informes de prensa.
También es miembro del America First Policy Institute, un grupo de reflexión de derecha alineado con Trump.
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