La Fiscalía ha hecho un llamado urgente a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para que respete los derechos de las personas afectadas por el desalojo de sus viviendas, en el marco de la construcción de la Vía Expresa Sur. Este pronunciamiento se produce en medio de un contexto de creciente preocupación por la situación de los agraviados.
El desalojo, que ha generado controversia y protestas, afecta a numerosas familias que han habitado en la zona durante años. La Fiscalía ha instado a la MML a garantizar que se cumplan los procedimientos legales adecuados y a proporcionar alternativas habitacionales a los afectados, en cumplimiento de sus derechos fundamentales. Recordemos que Rafael López Aliaga se refirió a los residentes de la zona como "invasores". No obstante, los vecinos afectados mostraron sus títulos de propiedad, lo cual respalda sus reclamos.
La situación por la obra Vía Expresa Sur ha generado un ambiente tenso, pues muchos residentes exigen no ser desalojados de su propiedad, en la cual han vivido por años. No obstante, la Municipalidad de Lima ya ha iniciado a retirar a varios vecinos del lugar y a demoler sus viviendas. Incluso, el alcalde Rafael López Aliaga se refirió a los vecinos como "invasores". En ese sentido, la Fiscalía tomó conocimiento de este hecho y exhortó a la MML a respetar los derechos de los ciudadanos afectados.
La defensa de los derechos de los agraviados es un aspecto crucial en este proceso. La Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro ha señalado que es fundamental que la MML actúe con transparencia y que se brinden soluciones efectivas a las familias que se verán afectadas por el desalojo. Esto incluye la posibilidad de reubicación en condiciones dignas y adecuadas, ya que muchos vecinos señalan que esta medida no se estaría cumpliendo de la mejor manera.
La Fiscalía ha instado al alcalde Rafael López Aliaga y a la gerente de Fiscalización, Mariella Falla, a garantizar el respeto de los derechos de las personas afectadas. Además, ha decidido remitir la investigación a la Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Santiago de Surco y Barranco, con el objetivo de esclarecer las responsabilidades en este caso.
La polémica en torno a la expropiación de terrenos para un ambicioso megaproyecto ha intensificado las tensiones en la comunidad local. Mientras un grupo de propietarios ha optado por abandonar sus propiedades de forma voluntaria, otros se resisten, defendiendo su derecho sobre los inmuebles que están siendo despojados debido a las obras. Estos últimos han decidido manifestar su desacuerdo a través de carteles que evidencian su oposición a la medida.
Por otro lado, comerciantes que desarrollan sus actividades en la zona han alzado su voz ante las autoridades de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional del Perú (PNP), denunciando el desalojo que se produjo tras el inicio de la ampliación de la Vía Expresa Sur. A pesar de que se había anunciado un desalojo "pacífico", el dirigente del mercado Virgen del Carmen aseguró que la acción se llevó a cabo de manera arbitraria.
