El Concejo Deliberante de un importante distrito del centro de la Provincia de Buenos Aires aprobó ayer la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una de las políticas estrella del Gobierno de Javier Milei.
No se trata del primer caso, pero si existe un condimento particular que lo diferencia del resto: se trata de un municipio que está conducido por el peronismo y cuyo intendente, Maximiliano Wesner, se encuentra referenciado o es muy cercano a La Cámpora, la agrupación que conduce Máximo Kirchner.
Se trata de Olavarría, ciudad que supo crecer a la vera de la explotación minera y que -según los impulsores del proyecto- podría conseguir nuevos capitales de inversión.
La iniciativa aprobada en el deliberativo local contó con el voto de lastres bancadas libertarias y del Pro, mientras que Unión por la Patria votó en contra y la UCR se abstuvo.
"A Olavarría no le puede pasar lo que le pasó a Bahía Blanca", dijo la concejal Guillermina Amespil, comparando la situación de su ciudad con lo que sucedió con la planta de GNL que se iba a instalar al sur de la Provincia.
La ordenanza impone a quienes inviertan que el 20 por ciento se dirija a la producción local y que sea el intendente quien ostente "la autoridad de aplicación" para que analice si las iniciativas presentan o no el compromiso de contratación de proveedores locales, o que afecten la seguridad, la salud o el bienestar general.
Desde el oficialismo local se votó por la iniciativa, prefigurando un posible veto por parte del intendente Wesner: "El RIGI es una de las máximas expresiones de pérdida de derecho para la sociedad y la creación de un régimen de privilegios para las grandes empresas, y ni qué hablar de degradación de derechos ambientales" afirmó la concejal Telma Cazot durante el debate.