La Diputación de València, presidida por el popular Vicente Mompó, adjudica 8,8 millones a constructoras que engordaron la 'caja B' del PP valenciano en el 'caso Taula' y en 'Gürtel'
Mazón entrega 34 millones para reparar depuradoras tras la DANA a empresas ligadas con la corrupción del PP
El Gobierno autonómico de Carlos Mazón ya ha adjudicado a dedo en contratos de emergencia un total de 61,9 millones de euros a empresas constructoras vinculadas a la financiación en B del PP valenciano. Es un recuento provisional, ya que no se han publicado aún la totalidad del medio millar de contratos de emergencia del Consell.
La Conselleria de Infraestructuras que dirige Vicente Martínez Mus ha publicado este viernes en la Plataforma de Contratación del Estado los contratos de emergencias de reparación de puentes y carreteras de titularidad autonómica. En esta nueva tanda de contratos de emergencia, hasta 19,6 millones de euros han sido adjudicados a dedo a tres empresas vinculadas a la financiación de la 'caja B' del PP valenciano.
Se trata de CHM Obras e Infraestructuras SA, que ha obtenido un contrato de 11,5 millones de euros (IVA incluido) para la reparación de la carretera y del viaducto sobre el Barranco del Poyo a su paso por Alaquàs, Aldaia y Torrent, y de Becsa, adjudicataria de la rehabilitación de puentes de la CV-50 a su paso por Cheste por 8,1 millones.
Además, la Diputación de València, presidida por el popular Vicente Mompó, ha adjudicado un total de 8,8 millones de euros para obras en carreteras de titularidad provincial a constructoras vinculadas a la financiación en B del PP.
En este caso, se trata de Pavasal (3,2 millones de euros); Rover Alcisa (3,2 millones); Becsa (1,5 millones), y CHM Obras e Infraestructuras (890.000 euros), según indica el decreto firmado por Vicente Mompó.
El presidente de CHM Obras e Infraestructuras SA, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco del 'caso Gürtel' a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales relativos a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y por un delito de falsedad documental. Su hermano José Martínez Berna, consejero de la constructora, también fue condenado a la misma pena, tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 entre ambos empresarios y la Fiscalía Anticorrupción.
La empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), también dependiente de la conselleria de Martínez Mus, adjudicó un contrato de emergencia a CHM Obras e Infraestructuras SA por valor de 4,2 millones de euros, tal como informó este diario.
Por su parte, el empresario castellonense Gabriel Alberto Batalla Reigada, accionista de la constructora, fue condenado a la misma pena que los Martínez Berna tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para confesar los hechos en la pieza del caso Gürtel de la financiación ilegal del PP valenciano. Becsa SA, que cuenta con un departamento de infraestructuras hidráulicas, también salió a relucir en el 'caso Fabra 2'.
La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, que dirige el castellonense Miguel Barrachina, adjudicó a Becsa SA otro contrato de emergencia por valor de 3,9 millones de euros para la reparación de la presa de Buseo, seriamente dañada por la DANA.
La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) adjudicó 34,2 millones de euros a varias de estas constructoras para la reparación de depuradoras y colectores dañados por la DANA del pasado 29 de octubre.
Por otro lado, Pavasal inyectó un total de 240.000 euros en la 'caja B' del PP de València para la campaña electoral de Rita Barberá en las elecciones municipales de 2007, tal como acreditó la sentencia de la pieza separada A del 'caso Taula', dictada el pasado 30 de julio por la sección segunda de la Audiencia Provincial de València. Por su parte, el Grupo Rover Alcisa pagó 60.000 euros a los populares valenciano, tal como indica la misma sentencia.
La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, explicó esta semana que se han licitado más de medio millar de contratos de emergencia. Camarero detalló que se ha usado este sistema “para acelerar lo máximo posible los trámites administrativos y actuar de inmediato sobre el terreno”.
“Vamos a seguir a este ritmo en las labores de reconstrucción para intentar volver a la normalidad lo antes posible”, dijo la nueva portavoz del Ejecutivo de Carlos Mazón.
Por otro lado, el Consell adjudicó un contrato de emergencias a STV Gestión SL, la empresa en la que trabajó como director de Relaciones Institucionales el actual jefe de gabinete de Mazón, el secretario autonómico José Manuel Cuenca. EPSAR también ha adjudicado un contrato a dedo de 3,2 millones de euros a varios accionistas de STV Gestión SL.
