Una legislación clara, concisa y sencilla que dé mayor estabilidad al sistema tributario para evitar cambiarlo continuamente, un comportamiento que termina provocando incertidumbre tanto en los ciudadanos como en los inversores. Se trata de una de las principales recomendaciones propuestas por el Consejo General de Economistas (CGE) para reducir el fraude fiscal en España. Así lo han manifestado los expertos congregados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que han cerrado el ciclo de encuentros sobre el fraude fiscal analizando sus principales factores incidentes.
En este sentido, en caso de que se tengan que realizar modificaciones en la normativa tributaria, los economistas avisan que dichos cambios deben respetar el principio de seguridad jurídica y evitar perjudicar las expectativas legítimas de los contribuyentes, sobre todo cuando afecte a situaciones que se remontan a muchos ejercicios anteriores a su entrada en vigor.
El abuso legislativo a la hora de introducir medidas tributarias a través de enmiendas a leyes ha sido otro de los puntos críticos de la sesión, algo que el presidente del CGE, Valentín Pich, considera "absolutamente cuestionable en términos de técnica legislativa y calidad democrática", haciendo referencia a la futura ley del impuesto complementario mínimo para las multinacionales "cuya tramitación está siendo un caos".
Una de las propuestas más llamativas del ciclo es la del "carnet por puntos" para los contribuyentes y que "supone que te retiran una autorización administrativa si se van acumulando incumplimientos", entiende Manuel de Vicente-Tutor, inspector de Hacienda del Estado, aunque señala que "hoy en día ya existe una circunstancia agravante de la sanción si concurre reiteración". Por su parte, el presidente del REAF-CGE, Agustín Fernández, ha explicado que podría tratarse de "una experiencia piloto sobre la aplicación de la figura del derecho al error", aunque todavía no se contempla.
Al centrarse en las medidas para la reducción de la economía sumergida, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, ha querido defender el papel que tienen las empresas, pues establecer "un clima más favorable (…), que facilite el cumplimiento de las cargas administrativas y requisitos regulatorios terminará por "favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales".
La concienciación ciudadana en cuanto a impuestos se refiere es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los agentes tributarios en nuestro país. "Habría que hacer todo lo posible para que el cumplimiento voluntario fuera más fácil", reclama Pich, algo que, en palabras De Vicente-Tutor, serviría para reducir la litigiosidad al entender el fenómeno del fraude como "un incumplimiento voluntario de la normativa tributaria". Por su parte, el secretario de la Comisión Fiscal y jefe del Área Fiscal de CEOE, Bernardo Soto, valora que para impulsar dicho comportamiento es necesario establecer una "relación cooperativa entre administración y administrado".
