Las negociaciones avanzan en la Cumbre del Clima de Bakú, la COP29, en su supuesto día final. La última propuesta de la presidencia contempla que los países desarrollados movilicen 250.000 millones de dólares anuales a partir de 2035 para financiación climática destinada a países en desarrollo, para actualizar la cifra de 100.000 millones que se aportan actualmente. Casi 200 países se comprometieron a través del Acuerdo de París no solo a frenar el calentamiento global –que favorece los eventos meteorológicos extremos–, sino a ayudar financieramente a los países en desarrollo, que apenas han contribuido al cambio climático pero que sufren más duramente sus estragos. Desde 2020 se deben aportar 100.000 millones de dólares anuales para este objetivo, pero toca actualizar el objetivo según las reglas establecidas. Este es uno de los puntos clave que se está negociando en la COP29: quién, cuánto y cómo se paga. Y la nueva cantidad de ayuda que reclaman los países en vías de desarrollo es de 1,3 billones de dólares anuales de cara a 2030. Esta cifra, la del billón de dólares anuales, también queda recogida en la propuesta de acuerdo de la Cumbre del Clima. En concreto, el borrador exhorta a «todos los actores» a que trabajen para ampliar la financiación a través de fuentes públicas y privadas hasta alcanzar el 1,3 billones anuales en financiación climática. Sin embargo, el texto dice poco de quiénes deben ser los que paguen y cómo. Hasta ahora, los grandes contribuyentes han sido los países desarrollados: la UE, EE.UU., Japón... Pero la lista es limitada y no figuran países que hoy son grandes economías como China, Corea del Sur o los países del Golfo –Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar o Kuwait–. En este sentido, el borrador de acuerdo solo «invita» a otros países en desarrollo (como son formalmente grandes economías como China) a que hagan «contribuciones adicionales» para la nueva meta de financiación climática. Sobre los 250.000 millones anuales que se establecen para los países en desarrollo, se contempla que la movilización se haga a través de diferentes fuentes, tanto públicas como privadas, bilaterales y multilaterales, incluidas «fuentes alternativas». Los países se encuentran en estos momentos analizando los nuevos borradores para ofrecer una valoración. (Noticia en ampliación)
