La exigente postura de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) con la conexión de La Colada y Sierra Boyera que pretende ejecutar la Junta de Andalucía -que tiene ya los trabajos adjudficados a Jicar por 9,3 millones- reescribe todo lo que el propio Gobierno ha venido diciendo en el último año sobre esta infraestructura que quedó parada en 2009 a falta de algunas dotaciones que ahora se pretenden rematar gracias al impulso que el Gobierno andaluz le dio en 2018. El presidente del órgano de cuenca del Guadiana, Samuel Moraleda , dejó bien claro este jueves en una entrevista en ABC que dispone de hasta 18 meses para autorizar la concesión de aguas pedida por la Diputación de Córdoba para explotar La Colada y completar el suministro a 27 municipios que padecieron durante un año el corte drástico para el consumo humano. Y esa autorización es condición 'sine qua non' para dar vía libre a la obra que tiene lista la Junta de Andalucía. De momento, la petición de Emproacsa (la empresa de aguas de Diputación) se ha topado con reparos que van desde la negativa al caudal de agua que se ha previsto (600 litros por segundo), la cantidad de agua disponible para consumo en un año y aspectos del proyecto de la conexión del embalse con Sierra Boyera que auspicia la Junta desde 2022. Curiosamente en todos estos años atrás, la CHG no ha presentado alegación alguna al trámite de ese proyecto en sus periodos de información pública. Y la tormenta se desató cuando hace unas semanas el propio Moraleda en Pozoblanco calificó de «desastre» la obra de la Junta de Andalucía y cuestionaba su utilidad real en aras a defender la conexión de urgencia y provisional hecha por su departamento en 2023 cuando más apretaba la sequía en la zona. El presidente de la CHG llegó a sorprenderse del proyecto con el que sus técnicos ya venían trabajando. Estas reticencias -reiteradas en lo sustancial en la entrevista con ABC y que han soliviantado a los responsables del Ejecutivo andaluz- se dan de bruces con la postura mantenida por el Gobierno en el último año y puestas negro sobre blanco en hasta cuatro respuestas parlamentarias a diferentes fuerzas políticas como el PP, Sumar o Vox. En todas ellas reitera la necesidad de que se acometa esa obra que ahora frena en seco la CHG, llegando incluso en una de estas interpelaciones a calificarla de «única solución técnica viable que hiciera posible que el agua llegara a los municipios». Es una respuesta al PP el 10 de noviembre de 2023, cuando ya estaba en marcha esa solución de urgencia que defiende el máximo responsable de la Confederación del Guadiana. En la misma, a la que ha tenido acceso ABC, se describe que la terminación de esta obra, «ejecutada al 90 porciento», llevaría consigo hacer los trabajos de captación y elevación en la presa; la terminación de la conducción [primer tramo] y el suministro eléctrico provisional». Según ha podido confirmar este periódico de fuentes de la Consejería de Agricultura, la solución de urgencia del órgano de cuenca del Guadiana empleó tuberías de aquella obra de 2008 en La Colada y, en estos momentos el tramo de conducción pendiente está hecho, por lo que la actuación se ceñiría al entorno del propio pantano para el bombeo, la electricidad, los caminos y las tomas de la presa. Ninguna de esas cuatro respuestas cuestiona la utilidad de esta intervención, ni se refiere a que se solape con la que el Estado afrontó por 4,3 millones -y que Moraleda defiende ahora que es «suficiente» y «robusta», pese a que a los 3 meses quemó un grupo electrógeno - o que no pueda ser compatible con la realizada. Es más, en los argumentos ofrecidos por el Gobierno de Pedro Sánchez al PP en noviembre de 2023 resalta la influencia que da a la terminación de la conexión entre ambos embalses razonando que «todo ello, además, culminaría la puesta en funcionamiento de las infraestructuras que todas las administraciones acordaron que fueran la solución para garantizar la atención a la demanda y para las que se habían invertido 44 millones de euros de inversión pública que hasta el momento no se habían puesto en funcionamiento». Incluso en esas cuatro respuestas escritas que fijan la posición del Gobierno se antepone la ejecución del enlace pendiente de la Junta de Andalucía a cualquier intento de realizar una conexión entre Puente Nuevo y Sierra Boyera como tantas veces se planteó en los peores momentos de la sequía por alcaldes de la zona, la propia Administración autonómica y la institución provincial. La propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en enero de 2022 llegó a urgir un proyecto a la Diputación hacer esa conexión con Puente Nuevo en aras de cubrir una situación de extrema carestía y que disponía de fondos europeos para llevarla a cabo. Meses después el presidente del órgano, Joaquín Páez y otras esferas políticas del Ministerio de Transición Ecológica desecharon esta vía. La actuación pendiente en La Colada viene de un convenio suscrito antes de 2006, fecha en la que entró en explotación el embalse, entre Gobierno (a través de la sociedad Hidroguadiana ), la Junta de Andalucía y la Diputación. El embalse costó 24 millones de euros de fondos europeos y una parte de la institución provincial. La Junta se comprometió a la construcción de las conducciones y el resto de infraestructuras para su conexión con la estación de tratamiento de aguas potables de Sierra Boyera por 18 millones. En 2009 se resolvió el contrato con la UTE encargada al noventa por ciento de ejecución. Ese diez por ciento es el que resta por acometer. Incluso menos. En 2020 la Junta declaró de 'interés autonómico' la intervención de remate y hace unos meses acabó el procedimiento de elaborar el proyecto y encargar las obras, que tienen un plazo de duración de un año y seis meses más de pruebas. Pero la amenaza velada del presidente de la Confederación del Guadiana con un plazo tan largo de 18 meses para resolver una concesión de aguas y, por ende, el inicio de las obras de La Colada ha abierto la Caja de Pandora. El actual presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, le pedía este miércoles que no demore más allá de diciembre el trámite. El Plan Hidrológico del Guadiana en su revisión de 2021 a 2027 también recoge la obra de la Junta de Andalucia que ahora parece poner en solfa el propio presidente del órgano de cuenca. Es más, incluye las dos: el bombeo de urgencia que acometió Acuaes por 4,3 millones y que se defiende a capa y espada como una solución suficiente, pero a la vez, la conducción desde La Colada para el abastecimiento de la zona norte de Córdoba (que valora en 6 millones). Hay dos fichas en el extenso catálogo de medidas a implementar hasta 2028 en el que constan ambas actuaciones; las mismas que ahora Samuel Moraleda pone en entredicho que puedan ser compatibles.
