Soledad Barrueto Guerrero, jueza a cargo del Decimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó tener algún vínculo con el controvertido empresario inmobiliario y de seguridad, Zamir Villaverde García.
Al contrario, dice la magistrada, se considera perseguida y acosada por este personaje. Zamir Villaverde ha presentado hasta 10 quejas disciplinarias y una denuncia penal contra Barrueto, por haber rechazado sus recursos en las investigaciones que le seguía la fiscalía.
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Esas denuncias han tenido, refiere, un trámite extraño en la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control en la Corte Superior de Lima. Sin mayor fundamento que la palabra de Villaverde, la Unidad de Calificación e Investigación preliminar ha derivado las quejas de Villaverde ante la Junta Nacional de Justicia.
Dicha Unidad refiere que no es competente para investigar a un juez de la Corte Nacional Penal Especializada. Entonces, lo que correspondía de manera natural era que derivará las quejas a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, para previa investigación, se decidiera poner los presuntos hechos irregulares en conocimiento de la JNJ.
La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial es el órgano superior inmediato de una Oficina Descentralizada. La JNJ es competente para investigar a jueces supremos. La resolución de la Oficina Descentralizada reconoce que la Autoridad Nacional de Control, como su nombre lo indica, tiene jurisdicción para investigar a un juez de la Corte Penal Nacional.
Sin embargo, deciden enviar la queja directamente a la JNJ. El mismo Zamir Villaverde ha presentado quejas similares directamente ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial que siguen en trámite. La denuncia penal presentada contra la jueza ante el Ministerio Público, por presunto abuso de autoridad, luego de la investigación tiene un pronunciamiento de archivo.
Es decir, Villaverde la persigue en todas las instancias por pronunciarse a favor del Ministerio Público y de la UIF o por negarle un permiso de viaje para tratarse supuestamente de una enfermedad degenerativa. Hoy al empresario se le ve en buen estado de salud, lo que demostraría que no necesitó viajar para curarse.
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Las quejas y denuncias están referidas a la participación de la magistrada en las medidas cautelares que la fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó contra Villaverde en la investigación del caso Tarata, en junio de 2022, por presunto lavado de activos.
En junio de 2022, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la jueza Barrueto Guerrero el congelamiento de las cuentas bancarias del estudio Villaverde SAC ante el inicio de investigación de la fiscalía por lavado de activos.
La jueza accedió al pedido de la UIF el 22 de junio de 2022. Ordenó congelar las cuentas de Villaverde SAC por el tiempo que dure la investigación a cargo del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder, Eficcop.
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Posteriormente, el 29 de febrero del 2024, el Eficcop decidió archivar la investigación contra Villaverde por lavado de activos, al establecer que el Estado no desembolsó ningún dinero a las cuentas de dicha empresa. Esa decisión fue confirmada por la misma fiscalía, en mayo de 2024.
Al archivarse la investigación, las medidas cautelares pierden su vigencia y eficacia. "Al haberse archivado la investigación fiscal, la medida de congelamiento administrativo de fondos no puede mantenerse, en tanto, se han modificado la urgencia de las circunstancias o peligro en la demora y la dimensión y naturaleza de la investigación", refiere la resolución judicial.
Por ese motivo, a solicitud de los abogados de Villaverde, en julio de 2024, la jueza levantó el congelamiento y la alerta en el sistema bancario de las cuentas del Estudio Villaverde. “Ya no había más que hacer, el congelamiento no podía continuar al no existir una investigación que pusiera en duda su legalidad”, concluyó Guerrero.
El nombre de la jueza Soledad Barrueto apareció en el litigio y las denuncias públicas que desde el 2023 realizan un grupo de vecinos y pobladores de la Playa Los Lobos, en Cerro Azul-Cañete contra Zamir Villaverde por la propiedad de los lotes de playa que el empresario reclama como suyos y que ellos aseguran haber comprado con anterioridad.
