Victoria pírrica para el Gobierno con un acuerdo más enrevesado de lo habitual para una Legislatura intrincada desde los cimientos. Gobernar después de perder las elecciones tiene un coste cada vez más caro con negociaciones poliédricas y acuerdos que rememoran diálogos que hubiera firmado alguno de los hermanos Marx.
En cualquier caso, el Gobierno logra «in extremis» sacar adelante casi todo el paquete fiscal -a excepción de la subida de la fiscalidad al diésel, la nueva regulación a las socimis y la retirada de las exenciones a los seguros médicos privados-, contentado a diestra y siniestra, y dejando al mismo tiempo un reguero de incógnitas, como en qué consistirá el impuesto a las energéticas cuya prórroga selló el PSOE con Podemos a sabiendas que Junts tendrá que dar su beneplácito.
La transposición de la directiva europea que regula un tipo mínimo del 15% para las multinacionales, la batería de impuestos a la banca, los vapeadores o el alza de la fiscalidad al tabaco, a expensas de que se negocie el grado de alcance de las deducciones que las inversiones verdes que realicen las energéticas pueden tener, pretenden recaudar 8.000 millones de euros.
El proyecto de ley avalado esta tarde, del que depende un desembolso de 7.200 millones de euros de fondos europeos, adapta la regulación nacional del tipo mínimo del 15% para las multinacionales a la directiva europea, una transposición que ya va con retraso, lo que ha llevado a la Comisión Europea a abrir expediente a España. También incorpora una batería de medidas fiscales pactadas por el Gobierno con sus socios parlamentarios, entre las que destaca la creación de un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones bancarias, que sustituirá al actual gravamen extraordinario.
El impuesto grava de forma progresiva el margen de intereses y comisiones bancarias, con tipos de entre el 1% (hasta los 750 millones) al 7% (desde 5.000 millones en adelante) y dos deducciones, una de parte de la cuota del impuesto de sociedades y otra extraordinaria en caso de pérdida de rentabilidad. La recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una fórmula similar al acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Cataluña.
Está por ver el recorrido temporal del impuesto. Las patronales bancarias AEB y CECA mostraron su «absoluto rechazo» al nuevo impuesto por «su impacto económico y la inseguridad jurídica que genera», recordaron que la tasa restará 50.000 millones de nueva financiación a familias y empresas. Además, queda por ver si esta subida se traslada a los usuarios.
Asimismo, se establece un impuesto para los vapeadores, una subida de la tributación del tabaco, un aumento del IRPF para las rentas del capital superiores a 300.000 euros y una bajada del impuesto de sociedades para pymes, así como una serie de cambios normativos para combatir el fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos. También se aprueban modificaciones en el impuesto de sociedades que permitirán compensar el efecto en la recaudación de la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de las reformas realizadas por el PP a este impuesto y que hubieran supuesto, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pérdida de 5.000 millones en ingresos solo este año.
Sin embargo, el Gobierno no ha conseguido que se introduzca una iniciativa para eliminar la bonificación fiscal al diésel con respecto a la gasolina, que ha sido tumbada con el voto en contra de Podemos, PP, Vox y UPN.
No han prosperado los intentos de PSOE y Sumar para aplicar nuevas regulaciones en las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en Mercados Inmobiliarios (Socimis). Tampoco se han aprobado enmiendas socialistas para establecer coeficientes reductores de jubilación para el personal sanitario que trabaje en medios aéreos ni para habilitar modificaciones en los Presupuestos del nuevo impuesto a la banca.
Asimismo, el paquete fiscal finamente tampoco eliminará las exenciones fiscales a los seguros médicos privados, (a lo que se oponía el PNV), nuevos impuestos sobre los «jets» privados y yates de lujo, ni un IVA del 21% a los apartamentos turísticos, todas estas propuestas de Sumar.
