La comparecencia ayer en el Pleno del Congreso por parte del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para presentar su informe de abusos en la Iglesia desembocó un debate con propuestas más que dispares entre los grupos parlamentarios, aderezadas con gresca, tópicos y conocimiento superficial sobre la lacra y su solución. La minuciosidad con la que Gabilondo abordó el asunto y su llamada a «anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias», no se vio correspondida por quienes luego tomaron la palabra. Aunque se puede intuir que antes o después se constituirá una comisión para abordar sus recomendaciones, las intervenciones no parecían ni conocer a fondo el estudio elaborado por el Defensor ni sus propuestas.
El diputado Herminio Sancho, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, verbalizó la postura oficial de Moncloa que pasa por «llegar a un acuerdo» con la Iglesia para aplicar las recomendaciones del informe Gabilondo. O lo que es lo mismo: un órgano estatal que determine las indemnizaciones a las víctimas que no han recibido compensación alguna por vía judicial y un fondo mixto entre Estado e Iglesia para asumir los gastos. «A los poderes públicos nos corresponde la tarea de atajar y eliminar este problema en todos los ámbitos, también los que no aparecen reflejados en este informe», verbalizó Marta González, del PP. El diputado de ERC Jordi Salvador i Duch planteó crear un fondo de indemnizaciones «exclusivamente financiado por la Iglesia», un aspecto en el que coinciden otros grupos como Sumar o EH Bildu.
