Como «un enorme bombazo legal» repercutió en Israel la orden de arresto del primer ministro Benjamín Netanyahu que emitió este jueves la Corte Penal Internacional (CPI), por su papel en la guerra genocida en Gaza.
El organismo judicial con sede en La Haya incluyó en su orden internacional de captura al exministro de Defensa Yoav Gallant, en lo que se considera «una medida sin precedentes que puso a ambos en riesgo de ser detenidos en gran parte del mundo».
La CPI dijo que estaba emitiendo órdenes de arresto por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos por Israel desde el 8 de octubre de 2023 y hasta al menos el 20 de mayo de 2024.
El tribunal dijo que encontró motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant «son cada uno responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos».
La CPI afirmó que los dos dirigentes israelíes también «tienen responsabilidad penal como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil».
El tribunal afirmó que Netanyahu y Gallant «privaron intencionalmente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas y suministros médicos, así como combustible y electricidad».
La CPI también anunció que estaba emitiendo una orden de arresto contra el dirigente militar de Hamás, Mohammed Deif, a quien Israel afirmó haber matado, pero cuyo cadáver nunca mostró, y se dice aún vive.
Esa decisión no sorprendió por ser entendida como un gesto de equilibrio de su fallo, aunque está dirigida a uno de los líderes de la rebelión del pueblo cautivo de Gaza —un campo de concentración bloqueado por aire, mar y tierra— iniciada el 7 de octubre de 2023 con un sorpresivo asalto a cuarteles del ejército y la policía, así como a colonias sionistas militarizadas, en las que hicieron unos 200 prisioneros y se dice murieron 1 200 personas.
Estados Unidos ejerció una fuerte presión sobre la Corte para que abandonara las órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, pero la campaña fracasó.
Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca dijo que seguían «profundamente preocupados por la prisa del Fiscal en solicitar órdenes de arresto y los preocupantes errores de proceso que llevaron a esta decisión».
En el Congreso de EE. UU. —que no suscribe el reconocimiento del tribunal internacional—, el senador republicano Tom Cotton recordó a la CPI que Estados Unidos tiene una ley que autoriza el uso de la fuerza contra el tribunal con sede en La Haya para liberar a cualquier funcionario o miembro del servicio militar de Estados Unidos o de sus aliados, apodada Ley de Invasión de La Haya.
La amenaza explica el origen de la impunidad con la que Benjamín Netanyahu y sus secuaces han cometido sus crímenes.
