Tras asistir a una citación en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) por presunta comisión de un delito contemplado en la Ley contra el Odio, el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, destacó que no es normal que una ONG deba rendir declaraciones ante organismos de seguridad del Estado simplemente por acompañar a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Murillo, quien acudió a la cita el miércoles 20 de noviembre en horas de la mañana y salió luego de cinco horas de interrogatorios, fue citado en calidad de testigo en la investigación que se realiza desde el estado Táchira para presuntamente aclarar los hechos de la muerte del político y activista Edwin Santos.
Tras la muerte de Santos se generó una polémica, pues el gobierno nacional afirma que falleció en un accidente de tránsito, pero activistas por los derechos humanos y dirigentes políticos venezolanos aseguran que el tachirense fue asesinado tras haber sido detenido por las autoridades.
“No es normal que una ONG tenga que rendir declaraciones por hacer su trabajo que es recibir una denuncia, orientar a las familias, acompañarlas en su visibilización del caso y exigimos a las autoridades que hagan lo que les corresponde”, dijo el coordinador de Provea a los medios de comunicación desde la entrada del Cicpc.
“Había que declarar, prácticamente desde el día uno que recibimos la denuncia y cómo acompañamos a las víctimas hasta que, lamentablemente, conocimos la noticia del hallazgo del cadáver de Edwin Santos, a cuya familia y la comunidad católica a la que él pertenecía enviamos nuestra solidaridad porque también han sufrido de este hostigamiento y persecución en ese estado”, relató Murillo.
Murillo cuestionó que la citación se haya relacionado con la Ley contra el Odio, al ser por el asesinato de Edwin Santos.
El coordinador de Provea pidió al gobierno de Nicolás Maduro que detenga la criminalización a las ONG dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
«Venimos a reivindicar que defender derechos humanos no conlleva ningún delito y que acompañar a los ciudadanos es un trabajo medular de las organizaciones de derechos humanos (…) Precisamente quien tiene deudas con los derechos humanos y el Estado de derecho son las instituciones», indicó.
«Creo que esto tiene definitivamente un efecto intimidatorio en el resto de las organizaciones, pero también en las víctimas, en los sacerdotes y comunidades religiosas que son los que acompañan, en sus pueblos, en sus comunidades más remotas del centro político del país, a las víctimas en sus denuncias», añadió.
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