El primer ministro, Gustavo Adrianzén, reconoció que el Gobierno de Dina Boluarte no ha logrado conectar efectivamente con los ciudadanos, lo que ha derivado en una significativa dificultad para comunicar sus políticas y decisiones, que se refleja en las tasas de aprobación del gobierno, las cuales han alcanzado una mínima tasa de aprobación histórica.
"Me parece que no estamos haciendo clic con la población, no podemos transmitir adecuadamente los mensajes, con expertos de comunicación política lo he conversado, esto tiene que ver como un deterioro generalizado de la clase política", sostuvo el primer ministro durante una conferencia de prensa con medios de comunicación internacional.
Según el primer ministro, este problema radica en un "deterioro generalizado de la clase política", que ha afectado la credibilidad y abierto una brecha entre el gobierno y los ciudadanos.
Este distanciamiento, profundizado por la alta rotación presidencial que ha visto el país —con seis presidentes en cinco años hasta la llegada de Boluarte en 2022—, dificulta la reconstrucción de la confianza pública en las instituciones.
"No hay buena noticia que, en boca de un político, hoy día sea creíble, sea aceptable", lamentó Adrianzén, quien también comentó que a pesar de los esfuerzos por mejorar la comunicación, los índices de aprobación de su gestión apenas alcanzan el 3%, según las últimas encuestas.
En una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, se abordó el caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, quien enfrenta una orden de prisión preventiva por 36 meses y una solicitud de captura inmediata tras ser declarado prófugo. Durante su intervención, Adrianzén cuestionó la decisión judicial emitida por el juez Concepción Carhuancho.
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"Esta decisión se ha prolongado por más de cuatro meses, se ha tenido que leer una resolución por más de tres días y finalmente se tome una decisión de esta naturaleza", fueron las palabras de Adrianzén. Además, sobre la clandestinidad de Nicanor Boluarte, agregó que "seguramente sus abogados podrán presentar los recursos de apelación que crean responsabilidad y se tomará la decisión final", minimizando su condición de estar en la clandestinidad.
Además, el primer ministro Gustavo Adrianzén expresó su desacuerdo con la implicación de la presidenta Dina Boluarte en la investigación sobre la presunta organización criminal que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, habría sido encabezada por su hermano mayor. Adrianzén consideró que esta vinculación podría estar orientada a socavar la estabilidad de su gestión presidencial.
Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia", agregó el titular del Consejo de Ministros.
