La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa Yoav Gallant y Mohamed Deif, líder del brazo armado de Hamás. Los tres enfrentan acusaciones de crímenes de guerra y de lesa humanidad por hechos ocurridos entre el 8 de octubre de 2023 y el 20 de mayo de 2024.
Las autoridades internacionales destacan la gravedad de estas acusaciones. Sin embargo, su ejecución dependerá de la cooperación de los países firmantes del Estatuto de Roma.
Una orden de arresto no representa un veredicto. Refleja la seriedad con que la CPI aborda las acusaciones contra un sospechoso. Según su sitio web, las órdenes se emiten únicamente si los jueces consideran que son indispensables. Este procedimiento busca garantizar que el acusado comparezca en audiencia, ya que su presencia es fundamental para los procesos judiciales. También se emiten si existe el riesgo de interferencia en el proceso o la posibilidad de que el sospechoso cometa nuevos delitos.
La CPI carece de fuerza policial propia para ejecutar arrestos. Por ello, resulta poco probable que miembros del gobierno israelí enfrenten un juicio en La Haya. A pesar de esto, las órdenes limitan significativamente los movimientos internacionales de Netanyahu, Gallant y Deif. Este último, según el gobierno de Israel, falleció en un ataque el 13 de julio en el sur de Gaza. Hamás, sin embargo, niega su muerte.
Los 124 países firmantes del Estatuto de Roma, incluido Costa Rica, están obligados a detener a los acusados si ingresan a su territorio y transferirlos al tribunal.
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Israel no forma parte de la CPI. Sin embargo, en 2021, el tribunal determinó que su jurisdicción se extiende a Cisjordania ocupada y Gaza. Esto se debe a que el secretario general de Naciones Unidas aceptó la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma.
Además de Israel, países como Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte, Irán, Armenia y Azerbaiyán tampoco reconocen al tribunal.
La CPI acusa a Netanyahu, Gallant y Deif de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según el tribunal, Netanyahu y Gallant habrían cometido estos crímenes en el contexto del conflicto en Gaza, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Deif es señalado por su responsabilidad como líder militar de Hamás.
Los crímenes de guerra incluyen violaciones graves de los Convenios de Ginebra y otras infracciones graves de las leyes aplicables en conflictos armados no internacionales. Estas violaciones se consideran crímenes de guerra cuando se cometen como parte de un plan, una política o a gran escala, según el Estatuto de Roma.
Netanyahu calificó la decisión de la CPI como “antisemita” y la comparó con el juicio contra Alfred Dreyfus, un capitán judío acusado de traición en Francia a finales del siglo XIX. Dreyfus fue absuelto posteriormente.
El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, afirmó que la CPI “perdió toda legitimidad” tras emitir órdenes que calificó de “absurdas y sin autoridad”.
Por su parte, Hamás celebró la medida. Basem Naim, miembro del buró político del grupo, consideró que podría representar un paso hacia la justicia, aunque lo describió como simbólico si no cuenta con apoyo internacional.
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Estados Unidos rechazó categóricamente la decisión de la CPI. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca afirmó que esta decisión es inaceptable.
La presidencia argentina consideró que los mandatos de arresto ignoran el derecho de Israel a defenderse frente a los ataques de organizaciones terroristas.
Italia, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, respaldó a la CPI, pero pidió que la corte se mantenga en un rol jurídico y no político.
La Unión Europea, por medio de su jefe de diplomacia, Josep Borrell, instó a respetar y aplicar las decisiones de la CPI.
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó de “lógico” el dictamen. Según Petro, Netanyahu es un genocida, y la decisión debe ser acatada.
Por su parte, Turquía describió la orden como un paso clave para llevar a las autoridades israelíes ante la justicia por sus acciones contra los palestinos.
Organizaciones internacionales también se pronunciaron. Amnistía Internacional señaló que Netanyahu es “oficialmente un hombre buscado”. Human Rights Watch destacó que las órdenes muestran que nadie está por encima de la ley.
