El país va a requerir este año el 8,8 % del producto interno bruto para cubrir un déficit fiscal del 3,7 % y las obligaciones provenientes de una deuda interna por 4,5 % y externa por 0,6 %.
Aunque Hacienda prevé una mejora en el 2025, no está claro qué sucederá con la inflación en el mercado internacional. Se espera mayor financiamiento externo proveniente de préstamos con organismos bilaterales, multilaterales y una nueva emisión de valores en los mercados internacionales por $1.000 millones. Las necesidades y el endeudamiento, por tanto, seguirán aumentando.
Este año el endeudamiento equivale a $10.857 por habitante, cifras que no incluyen lo que el Estado debe a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La presión sobre el presupuesto crece año tras año debido al pago de intereses y el gasto corriente, pero nadie exige austeridad ni evaluación de resultados.
Al no reducir la deuda, a pesar de la reforma tributaria del 2018, el gobierno pretende nuevos impuestos en lugar de imponer mayores controles y ajustar los gastos. Está claro que el país no puede seguir financiando déficits fiscales con deuda.
Un aumento compromete la capacidad del gobierno para la inversión en programas esenciales, como lo son salud, educación, infraestructura y pobreza.
Si la deuda continúa aumentando, los mercados financieros y los inversionistas subirán las tasas de interés. Por eso, no debemos posponer los ajustes para reducirla, porque necesitamos la confianza de las calificadoras de riesgo, que están vigilándonos continuamente.
Una alta y creciente deuda infunde desconfianza en la capacidad del gobierno para asumir con responsabilidad la obligación de ser austero en el gasto y competitivo en los ingresos.
La rigidez presupuestaria absorbe el 90 % de los ingresos, comprometidos para los fondos de pensiones, salarios y transferencias. Por tanto, hay que racionalizar el gasto y optimizarlo.
Debemos continuar con la unificación de las escalas salariales, cumplir estrictamente la ley de empleo público y la ley de ajuste tributario, recientemente aprobada, para ordenar las finanzas públicas.
No es posible que el pago de planillas se incremente tomando solo la antigüedad como factor para el estímulo económico y no la productividad. No podemos sostener un gasto público ineficiente y poco estratégico. Seguimos teniendo graves problemas sociales y la desigualdad se ensancha cada vez más, a pesar de un costoso andamiaje institucional construido, presuntamente, para acabar con ellos.
Costa Rica debe garantizar que las trescientas treinta instituciones del sector público sean transparentes y que aporten valor a la sociedad. No se vale seguir alimentando instituciones obsoletas. Hay que utilizar la inteligencia artificial y digitalizar la totalidad de los procesos.
El apoyo a los más vulnerables debe estar focalizado, pero sin sesgos ni discriminaciones. Los pobres no son pobres porque decidieron ser pobres. Lo son porque las oportunidades ya no están al alcance de la gente, principalmente en las fronteras y costas, pero los muchachos que abandonan el colegio antes del bachillerato están por todo el territorio, incluida la Gran Área Metropolitana.
Por otro lado, la fusión de instituciones es fundamental para maximizar los recursos, y revisar competencias es necesario para ahorrar en burocracia.
Hay que racionalizar los subsidios y lograr que la sociedad civil participe en la evaluación y el monitoreo de los proyectos públicos. Solo si racionalizamos los gastos lograremos reducir los déficits fiscales. Conseguir recursos para revertir los problemas estructurales es lo que se necesita para el desarrollo social y económico.
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Jorge Woodbridge es ingeniero.
