Viena. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó el jueves en Viena una resolución que critica a Irán por su falta de cooperación en materia nuclear y que Teherán acusó de estar “políticamente motivada”.
La moción, presentada por Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos, fue adoptada por 19 de los 35 países de la junta de esa organización de Naciones Unidas, indicaron dos fuentes diplomáticas.
Rusia, China y Burkina Faso votaron en contra, mientras que 12 países se abstuvieron. Venezuela no pudo participar.
Estados Unidos y sus aliados europeos tomaron previamente la palabra para denunciar la escalada de la República Islámica.
Sus actividades nucleares son “profundamente preocupantes”, declaró la embajadora estadounidense, Laura Holgate.
Alemania, Francia y Reino Unido insistieron en este punto, señalando que Irán acumula suficiente uranio altamente enriquecido para “cuatro armas nucleares”. “Su comportamiento supone una amenaza para la seguridad internacional” y “el sistema mundial de no proliferación”, según su declaración conjunta.
Tras la votación, el representante de Irán, Mohsen Naziri Asl, declaró que la medida estaba “políticamente motivada y recibió poco apoyo en comparación con resoluciones anteriores”.
Treinta países dieron su aprobación en junio de 2022, 26 en noviembre del mismo año y 20 el pasado junio.
El documento, de carácter simbólico por el momento, recuerda a Irán sus “obligaciones legales”, en virtud del Tratado de No proliferación (TNP) ratificado en 1970.
“Es esencial y urgente” que Irán dé “respuestas técnicas creíbles” sobre la presencia de restos de uranio inexplicados en dos sitios no declarados, escriben los autores de la resolución, reclamando al OIEA “un informe completo” para la primavera de 2025.
Desde 2021, Irán restringió significativamente su cooperación con la agencia nuclear de la ONU, desconectando cámaras de vigilancia y retirando la acreditación a inspectores experimentados.
Teherán niega tajantemente que busque desarrollar el arma atómica, pero su programa nuclear no hace más que crecer.
Esta vez, la resolución llega en un contexto particular, con una brecha entre la posición occidental y la del jefe del OIEA, el argentino Rafael Grossi.
Durante una visita a Irán la semana pasada, Grossi obtuvo el acuerdo de la República Islámica para comenzar los preparativos para detener la expansión de sus reservas de uranio altamente enriquecido.
“Es un paso concreto en la buena dirección”, insistió el miércoles, y lo es “por primera vez” desde que Teherán se liberó de sus compromisos establecidos en el acuerdo firmado en 2015 en Viena.
Este pacto (JCPOA, por sus siglas en inglés) preveía un alivio de las sanciones internacionales contra Teherán a cambio de que Irán diese garantías de que no busca desarrollar un arma atómica.
Pero descarriló en 2018, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró unilateralmente a su país del acuerdo y restableció sanciones contra Irán.
Como represalia, Teherán aumentó considerablemente sus reservas de materiales enriquecidos y elevó el umbral al 60%, cerca del 90% necesario para fabricar un arma atómica.
El acuerdo, que intentó reactivarse en unas negociaciones infructuosas en 2022, limitó esta tasa al 3,67%.
Irán advirtió el jueves que reaccionaría “en consecuencia y de manera apropiada” a una votación que podría “debilitar” las relaciones entre el OIEA y Teherán.
Para Héloïse Fayet, especialista en materia nuclear en el Instituto francés de Relaciones Internacionales, esta iniciativa puede “perjudicar a los esfuerzos de Rafael Grossi”.
“Pero las potencias occidentales están frustradas por la falta de eficacia de sus maniobras diplomáticas y buscan soluciones más firmes”, declaró.
En respuesta, Irán podría “por ejemplo, aumentar el nivel de enriquecimiento”, vaticina el experto en política extranjera, Rahman Ghahremanpur.
Pero el analista no espera “medidas estratégicas” drásticas, ya que “Irán no quiere agravar las tensiones” antes del regreso a la Casa Blanca del republicano Donald Trump, artífice de una política de “presión máxima” durante su primer mandato (2017-2021).
Sería una manera de dejar una puerta abierta a discusiones con “el que hizo fracasar todo” en 2018 pero al que le “gusta situarse como negociador jefe”, apuntó Fayet.
