Miles de bolsonaristas radicales asaltaron el Congreso, el Tribunal Supremo y la sede del ejecutivo brasileño en enero de 2023
Del caso Lula al asalto ultra al Congreso: el largo camino del bolsonarismo contra la democracia en Brasil
La Policía Federal de Brasil ha presentado cargos este jueves contra el expresidente Jair Bolsonaro por la supuesta trama golpista que buscó derrocar y hasta asesinar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, después de las elecciones de 2022, informaron fuentes oficiales.
La institución denunció a 37 personas por los delitos de “abolición violenta del estado democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”, según informó en una nota.
Bolsonaro, que gobernó el país entre 2019 y 2022, constaba en la lista de investigados de la causa y está entre los señalados por la Policía Federal, así como diversos militares, entre ellos algunos generales, antiguos ministros y exasesores de su Gobierno.
El informe final, que tiene más de 800 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, que supervisa el caso.
La Policía Federal de Brasil desmanteló este martes una organización criminal, mayoritariamente compuesta por militares entrenados por las Fuerzas Especiales, que planeaba el asesinato del actual presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, e impedir así que tomara posesión tras su victoria en las elecciones de 2022.
El plan, del que informó la Policía Federal, incluía también el asesinato del compañero de candidatura de Lula y actual vicepresidente, Geraldo Alckmin, y el del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para “restringir el libre ejercicio del Poder Judicial”.
Moraes es el instructor del proceso que investiga los actos golpistas del 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores del expresidente y líder de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo de Brasil en un intento de forzar un golpe, de Estado contra Lula.
Las investigaciones de la Policía señalan que la operación golpista, llamada “Puñal verde y amarillo”, estaba pensada para ser ejecutada el 15 de diciembre de 2022, 45 días después de que la candidatura de Lula y Alckmin, del izquierdista Partido de los Trabajadores venciera con un 51% de los votos en las elecciones presidenciales brasileñas.
El expediente de 221 páginas recoge informaciones de un grupo de mensajería llamado 'Copa 2022' dentro de la aplicación Signal, donde cada uno de los involucrados se identificaba con nombres de países para proteger sus verdaderas identidades.
Allí, cuenta el informe, existía un documento denominado 'Puñal verde y amarillo' en donde figuraban los detalles de los actos supuestamente planificados por el grupo criminal integrado mayoritariamente por militares.
El principal señalado como organizador de esta operación —uno de los cinco detenidos militares detenidos este martes— es el general Mário Fernandes, asesor del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, quien, según relata el documento, al momento de los hechos era secretario general interino de la Presidencia.
“Para la ejecución del presidente Lula”, al que se dirigen bajo la denominación 'Jeca', se pensaba la utilización de un veneno o químicos “para causar un colapso orgánico”, considerando “sus vulnerabilidades de salud e ingresos frecuentes al hospital”, cuenta la investigación.
El plan criminal incluía la instalación de una “oficina de gestión de crisis institucional” de la que habrían formado parte los propios involucrados, y detallaba “los recursos humanos y militares necesarios” para llevar a cabo el asesinato, con “un alto nivel de conocimientos técnico-militares”, según la Policía brasileña.
