El presidente Javier Milei ratificó este jueves su postura pro-Israel al rechazar el pedido de detención emitido por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el premier israelí Benjamin Netanyahu, acusado de ser uno de los máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza.
"Esta resolución ignora el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a ataques constantes por parte de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbolá", señala el comunicado que expresa un "profundo desacuerdo" con la decisión del tribunal de justicia internacional.
"Israel enfrenta una agresión brutal, una toma de rehenes inhumana, y el lanzamiento indiscriminado de ataques contra su población. Criminalizar la defensa legítima de una nación mientras se omiten estas atrocidades es un acto que distorsiona el espíritu de la justicia internacional", agrega.
Por último, desde el Gobierno argentino manifestaron su "solidaridad" con Israel: "Hacemos un llamado a la comunidad internacional para condenar las acciones de Hamas y Hezbolá, defender la soberanía de Israel y actuar con justicia e imparcialidad en la búsqueda de una paz duradera en la región".
De esta manera, la administración libertaria reafirmó su posición política sobre el conflicto de Medio Oriente al igual que lo hizo en las últimas horas en la última Cumbre del G20, tomando distancia de la postura más conciliadora de varios de los otros países miembros.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant, como máximos responsables de la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad en la Franja de Gaza al menos desde el 8 de octubre del año pasado.
Los jueces también aprobaron la orden de arresto contra Mohammed Deif, un alto cargo de Hamas considerado jefe de su ala militar, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque israelí el pasado junio contra la Franja, un fallecimiento que nunca fue confirmado por el grupo islamista, ni tampoco le ha sido posible hacerlo a la fiscalía del tribunal.
Con esto, la Sala de Cuestiones Preliminares rechazó por unanimidad las impugnaciones presentadas en septiembre por Israel, que negaba la jurisdicción de la CPI sobre la situación en el Estado de Palestina en general, y sobre los ciudadanos israelíes en particular.
El Gobierno israelí también había exigido a los jueces que detuvieran "cualquier procedimiento relacionado con la situación, incluyendo la consideración de las solicitudes de órdenes de arresto", otra petición rechazada por los magistrados.
"No es necesario que Israel acepte la jurisdicción de la Corte, ya que esta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, como se determinó anteriormente", advirtió la Sala.
Consideró además que los Estados "no pueden impugnar la jurisdicción de la Corte antes de la emisión de una orden de arresto, por lo que la impugnación de Israel es prematura", dijo.
En este sentido, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas el pasado 20 de mayo por el fiscal contra Nentayahu y Gallant como "responsables penalmente como coautores de los crímenes de guerra de uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".
Además, también se les considera responsables como "superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir de forma intencionada ataques contra la población civil" en la Franja de Gaza.
"La Sala concluyó que ambos privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación", añadió la CPI.
