La reciente publicación de la Ley Nº 32169 marca un hito en la protección de la infancia en el país, estableciendo penas de cárcel para quienes acosen sexualmente a menores de 14 años. Esta normativa busca salvaguardar la indemnidad sexual de los niños y agilizar los procesos judiciales en casos de violación sexual.
La ley, que modifica el Código Penal, fue publicada en el boletín de Normas Legales y tiene como objetivo principal la protección de los menores frente a conductas delictivas que atentan contra su integridad. Con esta medida, se espera un endurecimiento de las sanciones y una respuesta más rápida ante estos delitos.
El artículo 1 de la ley modifica el artículo 176-B del Código Penal, estableciendo que la pena por acoso sexual se aplicará también a quienes utilicen tecnologías de la información o comunicación para llevar a cabo estas acciones. Esto refleja un enfoque moderno y adaptado a las nuevas realidades digitales que enfrentan los menores.
Según la norma, “el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con un menor de hasta 14 años para llevar a cabo actos de connotación sexual” será sancionado con una pena privativa de libertad que oscila entre seis y nueve años.
Un análisis reciente realizado por la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) indica que el 19% de los adolescentes peruanos de entre 12 y 17 años ha sufrido agresión sexual en el último año. Este alarmante dato pone de manifiesto la continua presencia de la violencia sexual en el país, afectando a jóvenes de ambos sexos en proporciones casi equivalentes, con un 50,16% de hombres y un 49,84% de mujeres.
Un estudio llevado a cabo en las 24 regiones del país revela que la edad promedio de las víctimas de agresiones es de 14 años. De acuerdo con datos del Ministerio Público, cerca del 50% de los agresores son familiares directos de las víctimas, mientras que el 33% de los incidentes se producen en el hogar, donde ambos conviven. Asimismo, el 9,4% de los casos se registran en espacios públicos, como carreteras o áreas apartadas.
En Perú, las víctimas de violencia de género cuentan con diversas opciones para presentar denuncias y recibir apoyo.
