Apenas dos horas después de concluir su declaración voluntaria en el "caso Koldo", Víctor de Aldama ha solicitado su libertad provisional al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz esgrimiendo su colaboración con la Justicia, según confirman fuentes jurídicas. Y es que el supuesto conseguidor de la trama no está en prisión desde el pasado 10 de octubre por la trama de comisiones en la compra de mascarillas en pandemia tejida en torno al exministro José Luis Ábalos, sino por la investigación que dirige Pedraz para esclarecer un supuesto fraude de más de 180 millones de euros en el pago del IVA en el sector de los hidrocarburos.
Según esas mismas fuentes, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 del citado tribunal ya ha trasladado la petición de la defensa de Aldama al fiscal del caso para que se pronuncie al respecto antes de tomar una decisión.
Se da la circunstancia de que la prisión provisional de Aldama ha sido recientemente confirmada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ha avalado que -como apreció Pedraz- persiste el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas si el comisionista sale de la cárcel.
La Sección Tercera de la Sala Penal rechazó el recurso de la defensa del empresario contra el auto del juez Pedraz que acordó su ingreso en prisión sin fianza por delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo y fraude tributario. Además, desestimó la petición de nulidad que invocó su letrado, que denunció que se habían superado las 72 horas del plazo de detención antes de su puesta a disposición judicial. El tribunal esgrimió la gravedad de los delitos investigados y de las penas a las que puede enfrentarse el comisionista, que según la Sala avivan el riesgo de fuga.
Según puso de relieve la Sala, queda aún mucho material incautado en los registros que está pendiente de analizar por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que podría dar lugar a que el juez acordase nuevas diligencias cuya práctica se vería perjudicada de encontrarse Aldama en libertad.
Además, los magistrados recordaban que una parte importante del dinero supuestamente defraudado (casi 74 millones de euros de los 180 que se calcula se defraudaron) se podría haber transferido a cuentas en el extranjero, por lo que es preciso su localización y bloqueo, así como la determinación de las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Unas medidas que, según la Audiencia Nacional, "se verían frustradas o, al menos, dificultadas si el investigado se encontrara en libertad, ya que hoy día, con los medios telemáticos podría seguir operando con los fondos depositados en el extranjero y ocultar los canales utilizados para la transferencia de los fondos a terceros países".
