La reducción de la población en edad productiva (15 a 64 años) en Costa Rica amenaza el futuro de la recaudación de impuestos, los sistemas solidarios de salud y pensiones, el empleo y el crecimiento de la economía a partir de 2035, cuando el país comenzará a enfrentar este fenómeno.
De acuerdo con las Estimaciones Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población entre 15 y los 64 años, que es considerada en edad productiva, crecerá hasta 2034 y, a partir de 2035, empezará a contraerse.
Según estas proyecciones, el pico de la población en esta edad será de 3.740.480 individuos en 2034, luego comenzará un descenso progresivo. Para 2040, la cifra será de 3.702.361 y, 20 años más tarde, en 2060, apenas rozará los 3.000.000 de personas (unos 740.000 individuos menos en 25 años). Actualmente, es de 3.589.976.
Especialistas en demografía consultados por La Nación coinciden en que la caída en la población que está en edad de trabajar es un reto que tendrá efectos en el corto y largo plazo, sobre todo en el envejecimiento de la fuerza laboral, el financiamiento de los sistema de salud y las pensiones, la recaudación tributaria y hasta el crecimiento de la economía.
Gilbert Brenes Camacho, investigador del Centro Centroamericano de Población (CCP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), explicó que este fenómeno responde, principalmente, a la baja tasa de fecundidad del país y, en menor medida, a una disminución en la inmigración.
En Costa Rica, varios indicadores demográficos demuestran que la fecundidad sigue en disminución y se mantiene por debajo del promedio mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que refuerza la tesis de que el país está envejeciendo.
La tasa global de fecundidad bajó de 3,26 hijos por mujer en 1990 hasta 1,23 para la proyección de 2024. Según el INEC, esta disminuirá aún más, ya que se proyecta que Costa Rica alcanzará una tasa mínima de 1,14 hijos por mujer en 2031.
Esta tendencia se ha visto alimentada por diversos factores, principalmente relacionados con los cambios sociales y culturales sobre cómo se forman las familias en la actualidad, con la generación de vínculos a edades más altas o la tenencia de menos hijos.
El demógrafo Luis Rosero Bixby manifestó que la baja en la población en edad productiva plantea dos grandes retos relacionados con el sistema de pensiones y el crecimiento de la economía. Precisó que, a menos de que aumente la productividad por trabajador, la economía dejaría de crecer e incluso se podría contraer. Por su parte, Gilberth Brenes destacó que en el corto plazo la población en edad de trabajar empezará a envejecer.
Este especialista de la UCR agregó que el envejecimiento de la población en edad laboral implicará que habrá más ocupados y personas buscando trabajo entre 35 y los 60 años. Sin embargo, añadió que esto podría abrir oportunidades de empleo para los jóvenes.
Marco Otoya Chavarría, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional, manifestó que la reducción de la población en edad de trabajar significaría una menor oferta general de mano de obra en el mercado laboral. Es decir, será más complejo conseguir personas para realizar algunas labores.
“Esto podría incidir en el crecimiento económico, la productividad y la producción de un país. Desde el punto de vista fiscal también tiene implicaciones importantes”, manifestó Otoya, quien agregó que habrá un impacto en la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El director del Cinpe aseguró que la recaudación del impuesto sobre la renta disminuiría debido a una menor cantidad de personas que trabajan. También afectaría otros tributos, como el impuesto al valor agregado (IVA), ya que habría menos individuos con poder de compra.
Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda entre 2020 y 2022, indicó que tener una menor parte de la población en edad productiva tendría un impacto negativo en la recaudación de la renta y en IVA, si no se modifica la productividad. Sin embargo, Villegas confía en el salto tecnológico y enfatizó en que es de esperar que nuevos desarrollos ayuden a compensar la menor cantidad de trabajadores con una mayor productividad, por lo que no tendría por qué afectarse la base fiscal del IVA y la renta.
“Con el envejecimiento de la población también deberían nacer o incrementar actividades que tendrán un impacto positivo en la hacienda pública, como medicina, entretenimiento, desarrollo de tecnología para ser utilizada por nuevos grupos etarios, vivienda adaptada, alimentación especializada, casas de cuido, y muchas otras", destacó el exministro.
En tanto, Rosero comentó que bajo un escenario de reducción de la población en edades productivas habrá menos personas aportantes para sostener el estado de bienestar, principalmente el sistema de salud y las pensiones.
Brenes explicó que, en el caso de las pensiones, habría menos cotizantes para sostener, particularmente, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), dado que es un sistema solidario, al igual que el sistema de salud.
Este régimen de pensiones del IVM ya tiene otras presiones encima, pues entrará en una fase crítica a partir de 2035, cuando los ingresos por cotizaciones no serán suficientes para cubrir los egresos del fondo, según un estudio actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Hasta junio pasado, el IVM registraba 367.179 pensionados, además de los 1.740.935 trabajadores y 77.752 patronos cotizantes, según datos de la CCSS, que administra el régimen.
El mismo informe de la CCSS señala que en 2024 se prevé que hay cinco trabajadores por cada pensionado. Sin embargo, esa relación disminuirá hasta alcanzar 1,5 cotizantes por jubilado en 2070. Esto ejerce una fuerte presión sobre el gasto del seguro de IVM, de acuerdo con el estudio.
Para el exministro Villegas, el envejecimiento de la población en Costa Rica también se verá reflejado en el gasto público, ya que ocasionará un efecto incremental desde dos vertientes.
En primer lugar, señaló que se van a necesitar más recursos para pagar pensiones a más personas y por más años. Además, es previsible que el envejecimiento vaya asociado a un mayor gasto en salud, ya sea desde el punto de vista del tratamiento de enfermedades o del mantenimiento de estas personas.
El exministro de Hacienda consideró que ese mayor gasto público se va a compensar con una reducción en otras líneas del presupuesto, como educación, vivienda y prestaciones sociales para menores, debido a que se tendrán menos niños y jóvenes.
La población costarricense está envejeciendo y continuará este proceso durante las próximas décadas. Un reflejo de esta situación es el comportamiento de la relación de dependencia demográfica, que da cuenta de la cantidad de personas de 65 años y más respecto a la cifra de individuos en edad de trabajar.
Esta relación ha aumentado durante este siglo, especialmente desde 2010. En el año 2000, había nueve personas de 65 años y más por cada 100 en edad productiva, y para 2020 esta cifra subió a 14.
Para el año 2025, habrá 17 adultos mayores por cada 100 personas en edades de 15 a 64 años. Veinticinco años después, en 2050, esta cifra se duplicará, alcanzando 39 adultos mayores por cada centenar de personas en edad productiva.
Juan Luis Bermúdez Madriz, jefe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) en Costa Rica, explicó que a partir de 2044, aproximadamente, la población iniciará un descenso hasta que en el fin de siglo el país vuelva a tener en torno a 3.500.000 de habitantes.
Bermúdez destacó que la cifra equivale a la misma población de finales del siglo anterior, pero con una estructura muy distinta. A diferencia del siglo pasado, se llegará a esa cifra teniendo casi cuatro veces más personas adultas mayores que menores de edad.
El escenario de una reducción plantea la necesidad de enfrentar los retos por medio de la generación de políticas públicas orientadas a mitigar los posibles impactos negativos en pilares económicos o en los sistemas de salud y pensiones.
Rosero sugirió que será necesario aumentar la productividad de los trabajadores, con más educación y mayor capital por trabajador, para evitar una desaceleración económica. Dijo que un plan que busque incrementar la natalidad tendría poco éxito.
Bermúdez consideró que se debe contemplar el financiamiento innovador del modelo de desarrollo, tanto del sistema fiscal como de los sistemas de protección y la seguridad social.
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Agregó que los sistemas deben prepararse para transitar desde un modelo que privilegia fuentes de ingresos personales y contribuciones obrero-patronales hacia otro que integre un mayor peso de fuentes asociadas a la renta total de los actores económicos y otras menos dependientes de la evolución del mercado laboral.
El jefe del Unfpa en Costa Rica también sugirió la incorporación de políticas públicas de formalización e integración social y económica de la población migrante, ya que en otras sociedades con baja o ultrabaja fecundidad han mitigado sus impactos con esta estrategia.
Por su parte, Brenes indicó que otra medida, aunque menos atractiva, es el aumento de la edad para pensionarse. Rosero coincidió en la necesidad de incrementar la edad de jubilación y, en general, reducir beneficios y modificar la fuente de financiamiento de los programas sociales.
