El gobierno de Javier Milei busca descomprimir un diciembre, un mes que suele estar marcado por la tensión social en el calendario de la Argentina, y así transitar un verano de relativa calma sindical. Lo hizo con Aerolíneas Argentinas, al acordar una tregua paritaria que se extenderá hasta febrero, para sobrevolar la temporada alta. Y piensa en sellar otros entendimientos sobre dos puntos que hacen a la agenda de la CGT, a sabiendas de que la resistencia de las CTA y sus gremios no mermará: salario mínimo y bloqueos
En este sentido, desde la Casa Rosada buscan avanzar con desigual velocidad sobre las dos convocatorias políticas que involucran a sindicatos y empresarios. Por un lado, trabaja en la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con la expectativa de ponerle fecha antes de fin del mes en curso, noviembre.
El otro hito que quiere encaminar -aunque sin el mismo apuro- es la Mesa Tripartita a la que se había comprometido en octubre, en ocasión de la visita de parte de la CGT a la Casa Rosada, cuando prometió abrir un canal de debate con los empresarios para terminar de reglamentar los puntos abiertos del Capítulo de Modernización Laboral en la Ley Bases.
Respecto a la primera, existe ya un pedido concreto por parte del gremialismo. En un plenario en conjunto de la CTA Autónoma y la CTA de las y los Trabajadores, hace diez días, sus secretarios generales Hugo "Cachorro" Godoy y Hugo Yasky, acordaron con los referentes de ambas centrales elevar la demanda a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero.
Ambas centrales, que hace rato coordinan estrategias y marchan a una convergencia, piden que la convocatoria del Consejo del Salario sea inmediata. Hoy el ingreso mínimo vital y móvil (SMVM) se ubica en $271.571, "Una caída real del 31,28% en comparación con el mismo mes del año pasado", consignaron en un comunicado en conjunto.
En el mes de octubre, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil fue 28,6% más bajo que antes de la asunción de Milei, en noviembre 2023. A su vez, el valor real resultó 40,1% menor que el de noviembre de 2019, en el fin del gobierno de Mauricio Macri y un 54,1% menor que el de noviembre de 2015, al término del gobierno de CFK. Son los datos que manejan en CIFRA, el centro de estudios de la CTA de las y los Trabajadores.
Desde Trabajo coinciden en el apuro para que la mesa se concrete lo antes posible, incluso antes de final de noviembre, y así despejar el panorama de diciembre. También creen en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de al menos tres meses, que permita navegar el verano hasta marzo, aunque difícilmente logren conformar a los sectores más combativos del gremialismo.
De hecho, en ese mismo plenario, las CTA votaron avanzar con una segunda presentación a la Corte Suprema de Justicia para reclamar el tratamiento de la constitucionalidad del decreto 70/2023 que sigue vigente. Y en lo que refiere al gremio de ATE, dentro de sus estructuras, ya anunciaron un paro nacional de 24 horas para el 5 de diciembre con opción a extenderlo a las 36 horas.
La realidad es que las tres convocatorias al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante el gobierno de Javier Milei no concluyeron en acuerdo por lo que debió definir de forma unilateral. Los empresarios acusaron de intransigencias a las centrales sindicales mientras que los gremios indicaron entonces que el Ejecutivo se había alineado con la voluntad de los empresarios para ponerle un techo al salario con su laudo, siguiendo la misma estrategia que con las paritarias en general y las estatales en particular.
En paralelo, está pendiente la convocatoria de la Mesa Tripartita con el sector empresarial y gremial menos combativo y el Gobierno como facilitador. En la Casa Rosada no se olvidan pero tampoco expresan todos el mismo apuro por concretarlo dentro del Ejecutivo. Lo activarán si llega un pedido por parte del Grupo de los Seis o de la CGT y hasta el miércoles por la noche, no había mail ni mensaje de Whatsapp reclamando aún esa cita.
Luego de una advertencia pública de Pablo Moyano sobre la posibilidad de avanzar con un nuevo paro nacional en diciembre, la mesa chica de la CGT se congregó el martes en la sede de UPCN y despejó cualquier tipo de medida de fuerza del horizonte. Fue un guiño al Gobierno. Incluso El Destape reveló que el propio Hugo Moyano hizo saber a los reunidos su eventual veto a cualquier movida como la que había sugerido su hijo y número dos en Camioneros.
Al mismo tiempo, subsisten internas dentro del Grupo de los Seis, donde ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo en quién sería su representante ante el Consejo de Mayo, que ya perdió toda lógica de calendario. Frente a la sugerencia de Nicolás Pino (Sociedad Rural) de convertirse en el embajador natural, los representantes del resto de las cámaras deslizaron que era más una cuestión de "autopercepción" que de mandato por parte del Grupo. De hecho, también Daniel Funes de Rioja busca quedarse con ese lugar hasta no hace mucho tiempo.
En Casa Rosada confían en poder encaminar esa mesa bajo el auspicio del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando llegue la ocasión y que funcione como uno de los últimos gestos de consenso del año. Entre los pendientes de la agenda laboral destaca el artículo referido al bloqueo (242), donde la central sindical quiere incidir para despejar el criterio de discrecionalidad del empleador a la hora de determinar una causa justa de despido.
Hoy los $271.571 que rigen desde el 1 de noviembre se ubican por debajo del valor de una canasta básica para un adulto que definió en octubre el umbral de pobreza en $319.284, acorde al INDEC. Ya en las convocatorias previas, las dos CTA y la CGT habían pedido elevarlo por encima de esa línea, sin mayor éxito.
A fines de julio, la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social oficializó las nuevas escalas con aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y de la Prestación por Desempleo correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre 2024 en su Resolución 13/2024. Si bien el salario mínimo dejó hace tiempo de regir como ordenador de las paritarias, sí tiene impacto en beneficios previsionales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
De esta forma, el Ejecutivo resolvió por tercera vez con su laudo una suba escalonada en cuatro tramos del salario mínimo de los $ 234.315,12 de mayo a $ 254.231,91 en julio, $262.432,93 en agosto, $ 268.056,50 en septiembre y $ 271.571,22 en octubre. Tal como sucedió en junio, cuando se pasó por alto la convocatoria, en lo que va de noviembre todavía no se concretó.
Con todo, la de junio fue la primera vez en lo que va de 2024 que se concretaba una instancia de intercambio entre las partes, con el Gobierno como facilitador del encuentro y eventual árbitro de no haber acuerdo. La negativa del sector empresarial a mejorar su posición y los gremios de bajarse de la suya determinó que una vez más el Consejo concluyera sin consenso entre las partes y recayera en la administración libertaria de Javier Milei la facultad de arbitrar mediante un laudo.
Tanto la CGT como las dos CTA llegaron a la mesa con una serie de números sobre la base de la pérdida de valor del salario en términos reales en perspectiva histórica y con énfasis en los últimos meses. Pese a que cada una de las centrales tenía una postura propia en la previa, lograron unificar posiciones antes del inicio del plenario que define el nuevo salario mínimo, vital y móvil en la Argentina.
Finalmente, las tres centrales sindicales confluyeron en torno a un incremento que llevara el salario de $234.315 hasta los $482.000 en el mes en curso y $505.000 a partir de agosto. Tomaron como punto de referencia la canasta básica. Pero la propuesta que significaba una suba del 116% quedó muy por arriba de lo que el sector empresario se mostró dispuesto a conceder.
El sector empresarial, por su parte, se conectó al Consejo desde la sede de la Unión Industrial Argentina y contrapropuso un aumento en cuatro tramos pero con un porcentaje significativamente menor. Ofrecieron llevarlo de los $234.315 actuales a $245.000 en julio, $253.000 en agosto, $259.000 en septiembre y $264.000 en octubre. Esto era $241.000 menos de lo que pedían los gremios. La decisión del Gobierno se acercó más a su posición, elevando un poco los montos de cada tramo.
