La Comisión Agraria del Congreso de la República aprobó, mediante cuestión previa, regresar a debate un predictamen de la nueva ley agraria que brinda una serie de beneficios tributarios a las empresas agroexportadoras. Uno de ellos, y el más cuestionado por los expertos, es que vuelvan a pagar solo el 15% del Impuesto a la Renta (IR), similar a la extinta ley Chlimper, promulgada en el gobierno de Alberto Fujimori.
Esta ley creada en el 2000 tuvo una vigencia de dos décadas. A diferencia del impuesto que pagan otros sectores (29,5%), las agroexportadoras tenían un impuesto congelado del 15%. Todo ello acabó cuando a fines de 2020, una de las movilizaciones laborales más importantes de las últimas décadas conocido como paro agrario, exigieron mejoras salariales y la derogación de la Ley 27360.
Así, en 2020, se implementó la Ley 31110, la cual estableció un incremento gradual del impuesto. Para los años 2021 y 2022, la tasa se fijó en 15%; en 2023 y 2024 se incrementó al 20%. Mientras que entre 2025 y 2027 se prevé que aumente al 25%; y a partir del 2028, se alcance el 29,5% correspondiente al régimen general.
En la sesión de ayer, congresistas discutieron no solo el capítulo tributario, sino también el laboral que, por ejemplo, desliga el bono BETA del sueldo mínimo, lo que lo convierte en un monto fijo sin efecto remunerativo, y la reducción a 7,5% de las utilidades sin carácter progresivo y la ausencia de una sobretasa nocturna.
“Esta propuesta en el tema laboral es más precario que la ley 31110. Con esto vamos a tener un grave problema contra los trabajadores”, expresó. En contraparte, el presidente de la comisión Eduardo Castillo (Fuerza Popular) intentó seguir adelante con el predictamen argumentando que “se han hecho las mesas técnicas para que el proyecto sea viable. No se benefician los grandes, sino los pequeños productores”.
Por su parte, Sigrid Bazán calificó dicha propuesta como un “festival de reducción de impuestos y de aportes del empleador agroindustrial exportador”. “Me preocupa que caigamos en el mismo error previo al paro. Estamos regresando a la famosa ley Chlimper”, manifestó.
Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat, desde el 2012 al 2023, los ingresos de las agroindustrias y agroexportadoras no han parado de crecer.Entre dicho periodo, fue de 200% y un promedio anual de 11%
“Con las facilidades del megapuerto de Chancay y TLC, el crecimiento de estas grandes empresas va a continuar” “Me preocupa que caigamos en el mismo error previo al paro. Estamos regresando a la famosa ley Chlimper”, manifestó.
Además, de acuerdo con Sunat, señaló, los beneficios tributarios contenidos en el predictamen no recaerían en la pequeña agricultura, sino en las grandes empresas. “Esto debería reevaluarse”, apuntó.
Bazán presentó un proyecto de ley N” 9533/2024 que plantea una propuesta de régimen de trabajo agrario que garantice la cobertura total de trabajadores en EsSalud y SCTR, un régimen general laboral a la agroindustria y reglas específicas en la temporada de producción y labores en el campo
La cuestión previa fue presentada por la parlamentaria, quien solicitó al presidente de dicho grupo de trabajo, Eduardo Castillo de Fuerza Popular, que la propuesta sea analizada con mayor debate con entes técnicos como Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este último se opone a extender beneficios tributarios frente al elevado déficit fiscal (4,1% del PBI).
Eduardo Zegarra, investigador de Grade, señala que además de entregarles a las agroexportadoras "una muy generosa exoneración de 50% del Impuesto a la Renta hasta 2036", el proyecto diluye el bono BETA a los trabajadores al desvincularlo de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y convertirlo en un monto fijo sin efecto remunerativo.
"No está bien dar una exoneración millonaria a grandes corporaciones por 35 años, en ningún sector”, criticó.
En enero, las empresas agroexportadoras lograron que se aprobara una ley que redujo sus aportes a Essalud al 6%. Sin embargo, este beneficio no parece haber sido suficiente, ya que ahora buscan reinstaurar los privilegios otorgados por la denominada Ley Chlimper.
El predictamen no detalla el impacto fiscal de extender por 10 años la exoneración del impuesto a la renta para el sector agroexportador. Según datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), entre 2021 y 2023, esta exoneración representó una pérdida para el Tesoro Público de aproximadamente S/1.200 millones, monto que el Estado dejó de recaudar, según Índice.
En 2021, más de 1.600 empresas se beneficiaron con exoneraciones por S/436 millones. En 2022, el costo fiscal fue de S/373,5 millones, y en 2023 ascendió a S/384,6 millones.
