Las familias alicantinas deben destinar cada vez un mayor porcentaje de sus ingresos mensuales a pagar la hipoteca o el alquiler, hasta el punto de que, en este último caso, ya se superan el nivel máximo que los expertos aconsejan para evitar que la vivienda suponga una carga excesiva en los presupuestos domésticos. Un porcentaje que se sitúa en el 35%.
