El presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Cimmgm), Raúl García Reimbert,advirtió que la propuesta de incrementar los derechos especiales y extraordinarios sobre la minera, puede llegar a impactar el ‘buen andar’ de la industria o de algunas minas en el país y con ello el empleo de ingenieros y mineros.En entrevista con MILENIO, el experto recordó que la minería es el sector industrial con mayores imposiciones fiscales que hay en México, y aunque en últimas fechas los precios internacionales de los minerales son altos, el día que estén bajos algunas mineras comenzarán a perder su margen.“Nuestra preocupación como colegio es que en un momento dado empezáramos a perder empleos, por esta situación que afecte a la minería”, sin embargo, aseguró que el nuevo gobierno escucha.“Hemos mostrado nuestras inquietudes, nuestras formas de trabajar. No está dicho nada al día de hoy, el cuerpo legislativo tiene un periodo de estudio, nosotros esperamos que sea estudiada (la propuesta) y sobre todo que todos entendemos la posición que tiene la minería en la estrategia industrial del país”, aseveró.La SHCP se une a losderechos minerosEn la Ley de Ingresos de la Federación 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una propuesta para incrementar los derechos especiales y extraordinarios, sobre la minería del 7.5 al 8.5 por ciento y del 0.5 al uno por ciento, respectivamente. De acuerdo con Hacienda, este aumento en los derechos es derivado del carácter no renovable de los recursos minerales y a los altos precios internacionales de los metales, por lo que la dependencia busca que las empresas mineras contribuyan de manera justa en los ingresos y así devolver, mediante programas, parte de estos recursos a la población.Iniciativa de prohibición de la minería a cielo abiertoAunado a esto, se suma la iniciativa de prohibición de la minería a cielo abierto, lo cual consideran que podría afectar a la industria.El socio a cargo del área de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la oficina de México de Hogan Lovells, Mauricio Llamas, explicó que vienen cambios importantes para el sector minero.“No solo es la prohibición a las llamadas minas de cielo abierto que conocemos como tajos, que básicamente es explotación superficial del mineral, sino restricciones en materia de agua que vienen con mucha fuerza”, indicó en entrevista con MILENIO.Mauricio Llamas expuso que podría haber confusión en la aplicación de regulación, sobre todo por quienes ya tienen derechos adquiridos y las afectaciones con esta prohibición, así como la imposibilidad de acceder a este tipo de explotación para las empresas que operan en México y las que pretendan venir.“Hay un impacto definitivamente, porque operar las minas de manera subterránea es más costoso, hay lugares en donde no se puede hacer de otra manera o es económicamente inviable, entonces eso podría generar desinversión y hay un desincentivo para que lleguen nuevas inversiones”, aseguró.El socio de la firma legal añadió que las empresas mineras tendrán que adaptarse y asesorarse para que sean respetados sus derechos adquiridos.Además, expuso que los que tienen concesiones puedan seguir explotando de esta manera porque invirtieron con esa expectativa. “Es importante que puedan conocer cuáles son sus derechos y hacerlos valer frente a las autoridades, en este caso la Secretaría de Economía, que es quien controla el sector minero y en su caso probablemente pensar en medios legales de defensa para conservar sus derechos”, expressó.Otro de los desafíos importantes que ha señalado la Cámara Minera Mexicana (Camimex) es el que tiene que ver con un impuesto ecológico que, desde 2023, entidades como Durango, San Luís Potosí, Zacatecas, el Estado de México y Nuevo León están implementando en diversas materias como:Emisión de gases a la atmósfera.Emisión de contaminantes al suelo, subsuelo, agua, y al depósito.Almacenamiento de residuos. “Siendo la minería una de las actividades que mayor contribución genera al país en materia impositiva, será muy importante establecer un diálogo con los gobiernos de los estados que planean establecer dichos impuestos, a fin de sensibilizarlos sobre el impacto que tendría su implementación", advirtió Llamas."No solo en la competitividad de las empresas, sino también en la del estado en su conjunto, poniendo en riesgo la generación de empleos, nuevas inversiones, así como el posible incremento en los costos de productos, insumos y servicios”, finalizó.KL
