La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, en segundo debate, la extradición de costarricenses cuando sean acusados por terrorismo o narcotráfico. Para ello, se reformó el artículo 32 de la Constitución Política, luego de que la Sala IV determinó que el cambio no conllevaba ningún vicio de inconstitucionalidad.
La iniciativa recibió el aval de 44 diputados, de forma unánime. Ahora, deberá pasar a revisión de la Comisión Especial de Redacción de la Asamblea Legislativa, para definir la versión final del texto y, después de eso, pasar por un debate adicional, exclusivamente por la forma del proyecto, en el plenario.
Tal como lo exige la Constitución Política para el caso de reformas parciales a la Carta Magna, la votación superó los 38 votos, equivalentes a los dos tercios exigidos para este tipo de cambios. Antes de que se integre la reforma en el texto constitucional, debe enviarse a la Casa Presidencial, para que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la incluya en su informe al Congreso, en mayo, y luego dar tres debates más en la próxima legislatura (2025-2026).
Actualmente, la Constitución dice que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”. El proyecto habilitaría una excepción a esa norma, cuando “haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia”.
La propuesta final de la extradición establece que esta medida puede concederse “con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.
La iniciativa fue impulsada, en primer lugar, por la diputada Pilar Cisneros y los otros miembros de la fracción oficialista, incluyendo a Luz Mary Alpízar, presidenta de Progreso Social Democrático (PPSD), y a la ahora independiente María Marta Padilla.
La Sala IV consideró que, actuando como constituyentes, los diputados tienen la facultad de hacer reformas parciales a la Constitución, definiendo y balanceando los derechos fundamentales que la carta fundamental resguarda, “siempre y cuando no se afecte su contenido”.
En criterio de los altos jueces constitucionales, la posibilidad de extraditar costarricenses acusados de terrorismo y narcotráfico se ve respaldada por tratados internacionales ya suscritos por Costa Rica, los cuales contemplan la extradición como un mecanismo de cooperación para la lucha contra delitos de ese nivel.
Los magistrados consideraron que la reforma equilibra los derechos del ciudadano con el interés estatal de someter a la justicia a los acusados de narcotráfico y terrorismo.
Antes de aprobar la iniciativa en su segundo debate de primera legislatura, los diputados utilizaron la palabra para dejar plasmado en las actas el espíritu del legislador, en su función constituyente, para futuras interpretaciones y la futura aplicación de la extradición.
Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), enfatizó que, en la extradición, se debe garantizar el debido proceso, con respeto a las garantías constitucionales vigentes.
“Lo que acá expresemos queda como la voluntad de la persona legisladora. Es importante esta reflexión, para que haya estricto apego a los derechos constitucionales. Debe existir el examen casuístico en los tribunales, para garantizarlo, y la extradición solo se dará hacia Estados que respeten la vida e integridad de las personas, es decir, que no apliquen ni la pena de muerte ni la cadena perpetua”, dijo Vindas.
La liberacionista Paulina Ramírez comentó que la actual prohibición de extradición no es un derecho fundamental, por lo que permitirla no lesiona la progresividad de los derechos humanos, al ser Costa Rica un Estado democrático, “aunque a algunos no les guste”.
El jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, señaló el espíritu garantista de la norma que exige contar con un marco legal, para entregar a las personas, siempre bajo un principio de justicia y el debido proceso. “Esto refuerza la imagen de Costa Rica como un Estado comprometido con la justicia internacional y contra la impunidad, porque el crimen organizado trasciende las fronteras”, dijo.
El diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), destacó el hecho de que, cuando la ley se cumple y los trámites legislativos se hacen debidamente, “sale una ley de calidad, en lugar de brincarse una cantidad de procedimientos que mucha gente alega que son lentos”.
“Si los procedimientos se hacen a la carrera, una reforma puede salir con una calidad más baja. Esta reforma, habiendo cumplido todos los procedimientos, se ajusta para cumplirle a los costarricenses con la demanda de seguridad que tienen en todas las calles del país, para combatir el flagelo del tráfico internacional de drogas y el terrorismo. Esta reforma le da al Estado costarricense un cambio en el marco constitucional, para aplicarlo de aquí en adelante”, indicó Campos.
