La Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció las reformas constitucionales promovidas por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. El secretario general Luis Almagro calificó estas modificaciones como una “aberrante institucionalización de la dictadura matrimonial” para consolidar el control absoluto del Estado por parte de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta.
El organismo internacional subrayó que estas medidas, aprobadas por una Asamblea Nacional dominada por el régimen, representan una grave agresión contra el Estado de derecho democrático en Nicaragua. Además, instó a la comunidad internacional a redoblar la presión diplomática sobre el régimen, con el objetivo de restaurar la democracia y garantizar justicia para el pueblo nicaragüense.
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre propuesta de "reforma" constitucional en Nicaragua: https://t.co/5KqriQFR4A pic.twitter.com/17TbecEsW0
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 21, 2024
“La dictadura de Ortega busca perpetuarse en el poder mediante medidas que destruyen la democracia y violan los derechos humanos. El pueblo nicaragüense necesita elecciones auténticas, libres y universales, así como el respeto a su soberanía y libertad”, enfatizó la OEA.
La reforma constitucional promovida por Ortega extiende los periodos presidenciales de cinco a seis años y oficializa el cargo de “co-presidenta” para Rosario Murillo. Además, otorga al Ejecutivo la capacidad de coordinar directamente los tres poderes del Estado: Legislativo, Judicial y Electoral, eliminando cualquier noción de separación de poderes, según denunció el diario La Prensa.
Analistas describen este movimiento como un paso definitivo hacia la consolidación de una dictadura absoluta. Un politólogo nicaragüense exiliado en Costa Rica declaró, en el diario nicaragüense, bajo el anonimato, que estas reformas representan “un atentado directo contra la democracia” y lamentó que las instituciones del país estén completamente cooptadas por el oficialismo.
Las modificaciones también incluyen elementos simbólicos que buscan perpetuar la ideología del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Una de las disposiciones más polémicas es la incorporación de la bandera rojinegra del FSLN como símbolo patrio, reforzando la asociación entre el partido y la identidad nacional.
Por otro lado, se retomó la histórica demanda de Nicaragua contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia por su intervención en la guerra civil de los años 80. Este tema es utilizado de forma recurrente por Ortega para desviar la atención de las crisis internas y culpar a actores extranjeros de los problemas del país.
La aprobación de estas reformas ocurre en un panorama de represión política y social sin precedentes. Desde las protestas de 2018, que dejaron cientos de muertos y miles de detenidos, el régimen de Ortega cerró medios de comunicación independientes, encarcelando a líderes opositores y forzando al exilio a miles de ciudadanos.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional denuncian que estas reformas no solo consolidan el autoritarismo, sino que también eliminan cualquier espacio para la oposición política en Nicaragua.
El comunicado de la OEA refleja la creciente preocupación internacional por la situación en el país centroamericano. Sin embargo, Ortega enfrenta un aislamiento diplomático cada vez mayor, mientras que la oposición nicaragüense, casi toda desde el exilio, lucha por recuperar la democracia y los derechos fundamentales.
La comunidad internacional busca intensificar sus esfuerzos para presionar al régimen, con miras a encontrar una salida pacífica que permita la reconstrucción democrática en Nicaragua.
