En la legislatura del 2022 al 2023, la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD) no logró la aprobación de ninguno de los 37 proyectos de ley presentados por sus congresistas. El año siguiente, solo consiguieron pasar tres de las 33 iniciativas sometidas al Congreso. Los números delatan la ineficacia de la bancada y la convierten en la de menor rendimiento entre todas las fracciones oficialistas de este siglo y, probablemente, de la historia de la Segunda República.
Los datos figuran en el recién publicado Informe Estado de la Nación y confirman deficiencias perceptibles a simple vista. La fracción oficialista alega ser la más pequeña de la historia republicana, con sus ocho integrantes, menos dos legisladoras distanciadas, quienes con frecuencia no apoyan sus iniciativas. Esos distanciamientos, no obstante, son obra de las luchas internas de la propia bancada.
La fracción de Carlos Alvarado, como punto de comparación, apenas tuvo diez integrantes y dos se distanciaron, una definitivamente y otro negó su apoyo a las iniciativas del oficialismo con mucha regularidad. Sin embargo, la administración logró considerables avances legislativos, incluida una reforma tributaria de la cual todavía se beneficia el gobierno.
Si bien Alvarado no contó con una bancada numerosa, su administración y sus diputados se abrieron desde el primer momento a la negociación. La historia de los dos últimos años es muy diferente. El gobierno se ha declarado partidario de derribar puentes y sus legisladores no se cansan de protagonizar confrontaciones improductivas.
La administración Chaves fue la primera en la historia en comenzar su gestión con un período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Tuvo, pues, la iniciativa para fijar la agenda durante tres meses, pero la desperdició por completo con proyectos de ley mal planteados, plagados de evidentes defectos e incompatibles con la Constitución Política.
Las iniciativas de reforma no pasaban de concentrar instituciones existentes en manos de unos pocos funcionarios, como en el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuyo jerarca recibió instrucciones presidenciales de presentar, en el plazo de ocho días, un proyecto de ley para la “reingeniería absoluta” de la cartera.
El caso es revelador de otra característica notable. El oficialismo no podía aprovechar esas primeras sesiones extraordinarias porque no tenía proyectos entre manos. Sus planteamientos más grandiosos no pasaron de producir titulares durante días o semanas para que luego se dejara de hablar de ellos. La idea de vender el Banco de Costa Rica mediante un pequeño comité manejado por la Casa Presidencial y la intención de colocar la mitad de las acciones del Instituto Nacional de Seguros en manos privadas son buenos ejemplos.
El desconcierto del Ejecutivo, como era de esperar, se manifiesta con más fuerza en la bancada legislativa. “El desempeño del oficialismo actual destaca por ser el menos proactivo, medido en términos de cantidad de leyes presentadas, y el menos exitoso, medido en términos de la cantidad de proyectos presentados y aprobados”, dice el Estado de la Nación.
Nada debemos esperar del futuro inmediato. El Ejecutivo y su fracción ya dieron muestras de desistir y dedicarse a culpar de sus fracasos al Congreso y otras instituciones. Las recientes bochornosas mentiras sobre el ingreso de ayuda salvadoreña para los damnificados por las lluvias son un excelente ejemplo.
No había programa, ni claridad de ideas, ni estudio, ni experiencia para desarrollar una labor legislativa fructífera. El fracaso era inevitable, pero la intención de desacreditar a las instituciones pervive y sin lugar a dudas será el caballo de batalla para conservar influencia en el futuro inmediato. No parece haber capacidad para resolver los problemas, pero sí perspicacia para identificarlos y voluntad de explotarlos para sacar provecho político.
