El juez abre fase de juicio oral contra el presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, acusado de llevarse dinero de la entidad, subirse irregularmente el sueldo y despedir de forma arbitraria a varios trabajadores que se oponían a sus pretensiones
Guerra judicial por Verdiblanca, la asociación de discapacitados más veterana de Andalucía: elecciones anuladas, un presidente imputado y cuentas bajo lupa
Han pasado unas cuantas cosas en Verdiblanca desde que Antonio Sánchez de Amo recogió, de manos de la Consejera de Igualdad, el premio Andalucía + Social, el 16 de junio de 2021. Aquel día Sánchez recibió, como presidente, el reconocimiento a 40 años de trayectoria de la asociación de personas con discapacidad con más raigambre de Andalucía. Por entonces ya estaba siendo investigado por haberse subido el sueldo de forma irregular, despilfarrado cientos de miles de euros en despidos improcedentes y regalado cientos de jamones para, según sus críticos, comprar voluntades.
Ahora, la Fiscalía ha amasado todos los indicios para acusarlo de un delito continuado de apropiación indebida y otro de administración desleal, por los que pide para él una pena de cuatro años de prisión, 4.320 euros de multa y una indemnización a Verdiblanca de algo más de 370.000 euros. La acusación particular, constituida por un grupo socios y trabajadores denominado Asociación para la Libertad de Verdiblanca, eleva la petición de pena a once años de prisión y 10.800 euros de multa.
El juez ya ha acordado la apertura de juicio oral, aunque aún no se ha fijado la fecha. Sánchez de Amo, que sigue siendo presidente de Verdiblanca, es el único acusado de una investigación que ha durado algo más de tres años. En conversación telefónica con este diario, insiste en que todo obedece al “montaje de mentiras” orquestado por un grupo minoritario de empleados y extrabajadores con ambición de poder.
“Me preocupa que alguien ponga una denuncia poniendo en tela de juicio la buena gestión, que viene aprobándose anualmente con la unanimidad de la asamblea de asociados y que tiene el respaldo de la junta directiva”, señala. “No hay nada contra la gestión de la entidad. Tenemos centenares de trabajadores y más subvenciones para proyectos sociales”, dice Sánchez de Amo, quien niega malestar en la plantilla, más allá del que habría cristalizado en las denuncias de estos últimos tiempos por parte de ese grupo díscolo. “Los trabajadores están contentísimos de la formación que se les da y el ambiente en las oficinas, como siempre, es absolutamente cordial”.
La base de la acusación del fiscal es un documento pericial, elaborado a instancias del juez de instrucción (por tanto, no de parte), en el que se refleja el perjuicio económico que habría sufrido la entidad por los gastos supuestamente irregulares desde 2016, cuando Sánchez de Amo sustituyó en la presidencia de Verdiblanca a José Amate, fundador de la entidad.
El grueso del perjuicio está en los despidos de un grupo de trabajadores a los que el presidente situó en su punto de mira. “De forma arbitraria y sin causa justificada”, según el fiscal, Sánchez de Amo instó el despido de media decena de trabajadores-socios de amplia trayectoria en la entidad, varios de ellos en puestos de decisión, “respecto de los cuales tenía conflicto de intereses”. Todos esos despidos fueron declarados improcedentes, generando un agujero económico de 244.000 euros en indemnizaciones.
Algunos de los despidos fueron tan urgentes que ni se esperó unos meses para ahorrar el coste. Así, Juan Lorenzo López, que había sido director general durante 25 años, fue despedido cuando le faltaban nueve meses para jubilarse “sin causa que lo justificase”. Un juzgado reconoció la improcedencia del despido y obligó a indemnizarlo con 160.000 euros.
Detrás de las bajas estaba el ambiente de confrontación y desconfianza en la entidad, al menos con el grupo de trabajadores tras las denuncias. Estos ya contaron a este medio el irrespirable ambiente laboral que hacía vivir a quienes consideraba que le hacían frente. Estas conductas dieron origen a varias actas de Inspección de Trabajo y resoluciones judiciales en las que se constata el “trato degradante” hacia algunos trabajadores y el “crítico clima laboral” en la entidad. Esta atmósfera fue espesándose aún más a partir de 2020, cuando algunos trabajadores decidieron acudir a la justicia.
Las actas recogen broncas en público, gritos, correos amenazantes o despectivos y degradación arbitraria. Dice el acta del inspector: “En virtud de las declaraciones testificales se comprueba que Antonio Sánchez de Amo grita en ocasiones a algunos trabajadores, y ha realizado expresiones verbales como ”Aquí se hace lo que dicen mis cojones“, ”Esta es mi empresa y aquí mando yo“, ”Es mi aparcamiento y se hace lo que yo quiero“, ”Este es mi cortijo y aquí se hace lo que yo diga“, ”Aquí se hace lo que yo digo y como yo digo“, ”A quien no le interese que se vaya a la calle“, expresando una actitud autoritaria hacia los trabajadores, abusando de su situación de poder sobre los mismos”.
La Fiscalía también ve administración desleal y apropiación indebida en las retribuciones del propio Sánchez de Amo, que se subió el sueldo al llegar a la cúspide de la entidad, a pesar de que el cargo es teóricamente gratuito.
“Movido por un ánimo de beneficio personal y a sabiendas de que vulneraba los deberes de lealtad inherentes a sus funciones”, sin sujetarse a ningún procedimiento o ratificación, y “sin causa laboral o de representación que lo justificase”, a sabiendas de que el cargo de presidente no era retribuido, Sánchez de Amo aumentó “su salario como periodista” (el que nominalmente tenía) en más de un 57%, de 40.000 a 70.000 euros, según relata el fiscal en el escrito de acusación.
El fiscal recoge como perjuicio el exceso de gasto en la Navidad de 2020. Para aquellas fiestas, las de la Covid, el presidente encargó 650 paletillas de jamón y seis lotes de productos halal sin recabar más ofertas que las del Grupo La Marca, dirigido por un amigo según sus críticos, que creen que así quiso comprar voluntades a pocas semanas de las elecciones de la asociación. El exceso de gasto fue de 10.000 euros, según el informe pericial.
El último perjuicio económico señalado por la perito y la Fiscalía es más difícil de cuantificar. La Asamblea para aprobar cuentas y renovar cargos fue retrasada por Sánchez de Amo, lo que provocó retrasos en el depósito de las cuentas, una obligación legal sin cuyo cumplimiento la entidad no puede concurrir a determinadas subvenciones. Según explica él, la demora se debió a la causa excepcional de la pandemia. “Como tantas otras empresas”, alega. Las de este año fueron depositadas en tiempo tras ser aprobadas por la asamblea. “La asociación ha duplicado los beneficios, y la S.L. ha reducido a la mitad las pérdidas”, asegura.
Verdiblanca, fundada como asociación en 1979, cuenta actualmente con una sociedad mercantil y un centro especial de empleo que ingresan cerca de diez millones de euros anuales, procedentes en su mayoría de contratos para la prestación de servicios de limpieza a administraciones de Almería y Andalucía. También recibe importantes subvenciones por su labor social de integración y empleo de personas con discapacidad.
El objetivo desde su origen es promover la integración y normalización de la vida de las personas con alguna discapacidad, sensibilizar a la sociedad y exigir el cumplimiento de la legislación. Para facilitar la integración laboral, mantiene contratos con múltiples administraciones de Andalucía. Es, por ejemplo, la adjudicataria del servicio de limpieza de la Universidad de Almería.
Estos acuerdos le procuran una notable cantidad de recursos económicos, pero en los últimos años ha empeorado sus resultados, declarando pérdidas de un millón en 2022. Desde que Sánchez de Amo se hizo con la presidencia, la máxima aspiración de la entidad ha sido levantar una sede propia, un proyecto en el que ha puesto un empeño personal y que sus críticos califican de megalómano. Costaría al menos tres millones de euros y se ubicará sobre un terreno de 5.000 metros cuadrados cedido por el Ayuntamiento de Almería. Según su presidente, la primera fase del proyecto empezará al fin en el primer trimestre de 2025, después de varios años de retraso que achaca a la necesidad de readaptarlo por las características geotécnicas del terreno.
Sánchez de Amo alcanzó la presidencia en mayo de 2016, sustituyendo a José Gómez Amate, de quien había sido vicepresidente. El 18 de febrero de 2021, fue reelegido como presidente. Sin embargo, la asamblea fue impugnada y luego declarada nula por las irregularidades en la votación. En la repetición volvió a ganar con amplia mayoría. Entre tanto, fue nombrado también administrador único de la entidad mercantil, cesando al consejo de administración “sin causa justificada para ello”, según el fiscal.
Según sus críticos, la pretensión de levantar la nueva sede está en el origen del conflicto y las decisiones adoptadas después por el presidente de Verdiblanca, que se enfrenta ahora al banquillo de los acusados.
