La sanción de 1,5 millones de euros impuesta por el Consell de Menorca al Fontanille Torrevella se quedará en casi nada: la cuantía se reducirá en más de un 90%
El Govern balear del PP suprime la Comisión de Medio Ambiente contra el criterio de los grupos ecologistas
Fontanille Torrevella es un hotel rural habilitado como “agroturismo”, enclavado en el interior del municipio de Alaior (Menorca), que desde el día en que abrió sus puertas, allá por 2019, ha sido objeto de sanciones y señalamientos. “Tiene mucho de turismo y poco de agro”, señalan los vecinos al ser consultados por “el hotel de las piscinas ilegales”, como es conocido en toda la isla. Las piscinas, que según el Consorcio de Disciplina Urbanística del Consell Insular son ilegales porque están fuera de ordenamiento y porque no fueron declaradas como tales en el proyecto inicial, iban a costar a la empresa una multa de 1,5 millones de euros, cifra que al final sufrirá una rebaja del 90% gracias a la reciente concesión de la licencia municipal.
El hotel Torrevella mantiene abiertas al público siete piscinas ilegalmente construidas, que originalmente fueron presentadas sobre los papeles como “depósitos subterráneos” que supuestamente favorecerían la recolección de aguas pluviales. En 2019, una delegación de inspectores de la extinta Comisión de Medi Ambient del Govern visitó el hotel y constató que nunca existieron esos depósitos y que, en su lugar, había siete piscinas privadas ubicadas en suites de lujo que el hotel ofrece a precios que pocos bolsillos pueden permitirse. Esta situación infringe, según Consorcio de Disciplina Urbanística, la normativa recogida en el Plan Territorial Insular (PTI), que fue aprobado en 2003 y ratificado en 2023, donde se señala expresamente que ninguna parcela o domicilio en Menorca puede mantener más de una piscina en funcionamiento.
Como respuesta a la infracción, la empresa Fontenille, con sede en la Avenue de l’Opera número 9 de París, presentó ante el Ayuntamiento un expediente para regularizar, ex post, las piscinas. Han pasado cinco años de silencio administrativo sin que el Consistorio gobernado por el popular José Luis Benejam permita a las organizaciones y asociaciones civiles ambientalistas acceder al expediente de regulación para verificar las actuaciones y las pretensiones de la empresa promotora, según denuncian los afectados.
Así fue que el pasado 6 de noviembre el Ayuntamiento de Alaior otorgó a los promotores de Torrevella una licencia que permitirá finalmente legalizar las piscinas. Tras conocerse la decisión, desde el grupo ecologista GOB Menorca han acusado al consistorio de “premiar” a los promotores del agroturismo por sus irregularidades. “Estamos en un momento crítico donde las instituciones están anunciando premios a los infractores”, ha expresado el coordinador de política territorial, Miquel Camps, en diálogo con elDiario.es, y ha añadido que se trata de “la peor política que puede hacerse”, ya que, según su análisis, “esto acaba incentivando nuevas infracciones”.
Fue en marzo de 2022, después de la inspección ocular a Torrevella llevada a cabo por una delegación de la Comisión de Medi Ambient, cuando el Consorcio de Disciplina Urbanística del Consell Insular de Menorca decidió abrir un expediente sancionador a la empresa promotora del agroturismo de Torrevella, cuya multa ascendía a 1,5 millones de euros. Un intento de sanción ejemplar que, sin embargo, quedó en -casi- nada, ya que, tras el otorgamiento de la licencia por parte del Ayuntamiento, la multa se reducirá en más de un 90%.
Ante esta maniobra, el GOB insiste en que “se trata de una licencia fallida por cuanto contradice las condiciones ambientales que se impusieron para autorizar el agroturismo”. Los ambientalistas opinan que la única posibilidad que tienen los promotores del agroturismo de ajustarse a derecho es “cumplir con el proyecto original” y que “las piscinas vuelvan a ser albercas, soterradas y destinadas al ahorro de agua”. “No pueden ser piscinas que gastan agua, porque, de haberse planteado así desde un principio, el agroturismo de Torrevella no se habría autorizado en su día”, comentan. La licencia otorgada por el consistorio de Alaior no sería entonces, según esta caracterización del equipo legal del GOB, suficiente para regularizar la infracción original.
Los ecologistas insisten en que 'se trata de una licencia fallida por cuanto contradice las condiciones ambientales que se impusieron para autorizar el agroturismo' y señalan que la única posibilidad que tienen los promotores del agroturismo de ajustarse a derecho es 'cumplir con el proyecto original' y que 'las piscinas vuelvan a ser albercas, soterradas y destinadas al ahorro de agua
“No se puede acceder a un expediente en trámite, simplemente es eso”, ha argumentado una fuente cercana al Consistorio de Alaior consultada por elDiario.es a propósito del secretismo en que se ha mantenido el pliego para la regulación de las piscinas. Por lo demás, el equipo de Gobierno de José Luis Benejam no ha respondido a los intentos de este medio por conocer los fundamentos por los cuales se otorga la licencia al agroturismo. Tampoco la empresa que gestiona Fontanille Torrevella ha respondido a las peticiones de información de elDiario.es.
Por su parte, los grupos ambientalistas de la isla han insistido en señalar que esta “amnistía” para los infractores no puede entenderse por fuera de la política regresiva que consideran que lleva adelante el Govern contra la protección del territorio a través del llamado “decreto de simplificación administrativa”, que desregula la construcción en suelo rústico (entre otras cosas) y que prevé la eliminación de la Comisión de Medi Ambient. “Está claro que estamos en peores condiciones para detectar y sancionar este tipo de infracciones sin la Comisión, que era un órgano colegiado, por lo que reunía varias personas y que, por tanto, reducía mucho las posibilidades de incidencia política. Ahora la decisión sobre estos casos recae en una sola persona designada a nivel político. Es evidente que los temas ambientales son ahora más vulnerables a las presiones”, ha señalado Miquel Camps.
A pesar del intento de legalizar las piscinas, las irregularidades de Torrevella no se quedan solo en la falsa declaración de los “aljibes” ficticios, ya que en 2022 también se abrió un expediente por infracciones urbanísticas que incluían la existencia de “plataformas, casetas, pérgolas y pavimentos de hormigón en caminos y terrazas, además de dos vertederos de basura ilegales de más de 2.000 m² y la apertura de caminos expresamente prohibidos por el Ordenamiento Territorial, así como la pavimentación de otros”, según consta en la presentación hecha por el GOB ante el Consorcio.
“Ambos expedientes, tanto el urbanístico como el ambiental, se tramitaban desde la Plaza de la Biosfera (sede del Consell Insular). El urbanístico ha sido impulsado por el Consorcio de Disciplina Urbanística, presidido por quien ostenta la cartera de Territorio en el Consell Insular, Núria Torrent. El ambiental ha sido impulsado por el propio Consell Insular, dado que el proyecto se había declarado de interés general por esta institución”, han señalado desde los ambientalistas. ¿Cómo es posible entonces que el Consell otorgue y mantenga la declaración de interés general sobre un agroturismo que viola flagrantemente las disposiciones del PTI? Desde el Consell Insular no han respondido a las consultas de elDiario.es argumentando que se trata de un expediente “en fase de instrucción”, por lo que revelar información sobre el mismo “viola la ley de protección de datos”.
Los ecologistas denuncian que nunca han podido consultar la documentación. 'No se puede acceder a un expediente en trámite, simplemente es eso', comentan fuentes del Ayuntamiento de Alaior. Tampoco lo comparte el Consell Insular porque 'violaría la ley de protección de datos
La polémica de las piscinas va mucho más allá de la discusión que se pierde en la maraña de decisiones administrativas y burocráticas. Las implicancias de que un promotor multimillonario se salte el ordenamiento jurídico -según el Consorcio de Disciplina Urbanística del Consell Insular- genera bronca y frustración entre los vecinos. Con todo, en la página web del hotel Torrevella todavía pueden reservarse las habitaciones con piscina privada con esta descripción: “Situada en plena naturaleza, con una superficie de 45 m², la suite con piscina prestige cuenta con una sala de estar con sofá y una terraza de 40 m² con piscina privada”.
En este sentido, la concejal opositora y portavoz del grupo Avançam Alaior, Isa Allès, ha declarado a elDiario.es: “Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Alaior. Sabemos que hay un enfado generalizado ante esta flagrante irregularidad y con esta suerte de amnistía que le otorga el consistorio al agroturismo Torrevella. El equipo de gobierno está enviando un mensaje de permisividad y pasividad por parte de la Administración ante las infracciones y desde la oposición queremos refutar esta imagen que proyecta Benejam y su Gobierno”.
Allès ha criticado la gestión popular y ha señalado que existirían irregularidades en el otorgamiento de la licencia. “Nos preocupa mucho el otorgamiento de esta licencia, por lo que hemos solicitado la documentación administrativa correspondiente al Consistorio y hemos observado varias irregularidades contundentes en el mismo, que serán oportunamente reveladas a la mayor brevedad posible. Queremos subrayar que estamos preparados para llegar hasta el fondo de esta cuestión, caiga quien caiga”, ha declarado Allès.
“Defenderemos el interés general del pueblo de Alaior frente a quienes quieren favorecer los privilegios de unos pocos. Entendemos este cuestionamiento que los vecinos, que se ven avasallados por las normativas a la hora de levantar una pared en su casa mientras a estas infracciones urbanísticas y medioambientales en un territorio protegido y reserva de Biosfera como es Menorca se libran de castigos y multas quién sabe a cambio de qué. Como oposición daremos una respuesta contundente y sacaremos a luz todo lo que haya que sacar”, ha finalizado la edil.
