El Consejo General del Poder Judicial dispone de un informe técnico que ofrece unas pautas sensatas a esta institución para avanzar en la presencia de mujeres en los altos cargos judiciales. Se trata de un dictamen que fue encargado por la actual presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, y en su desarrollo se reconoce que existe una brecha de género en perjuicio de la mujer. Según datos del propio CGPJ, el 57 por ciento de la carrera judicial está formada por mujeres, pero su presencia en las máximas instancias jurisdiccionales no se corresponde aún con ese porcentaje. El informe, sin embargo, no invita a aplicaciones aritméticas de la paridad, de manera que los nombramientos que ha de hacer el CGPJ estén condicionados previamente a la satisfacción de un criterio de alternancia entre hombre y mujer. La idea que ofrecen los técnicos del CGPJ es que se avance en la paridad en el conjunto de nombramientos pendientes –que actualmente se cuentan por decenas– y a lo largo de los cinco años de mandato que tienen por delante Perelló y los veinte vocales que integran el órgano de gobierno de los jueces. Además, y esta idea es fundamental, la paridad no será preferente a los criterios de mérito y capacidad. Este planteamiento de un reequilibrio progresivo en los cargos judiciales sustrae al CGPJ de polémicas estériles que perjudican principalmente a las jueces y magistradas que desempeñan su función jurisdiccional con absoluto rigor y compromiso. Nunca se ha de dudar de que el nombramiento de una mujer para una responsabilidad pública responde, únicamente, al peso de sus méritos. Es cierto que aún subsisten inercias del pasado, en todos los ámbitos de la sociedad, tanto públicos como privados, sobre la percepción profesional de la mujer. La concienciación de esta realidad no significa adoptar el relato ideológico del feminismo radical, sino constatar una realidad que, por justicia, debe ser corregida. Este informe llega a la mesa de Perelló cuando el CGPJ se dispone a afrontar la elección de candidatos para presidir varias salas del Tribunal Supremo. La atención se centra en la Segunda y la Tercera, a cuyas presidencias concurren magistrados y magistradas: Andrés Martínez-Arrieta y Ana Ferrer para la Sala Segunda, y Pablo Lucas y Pilar Teso, para la Sala Tercera. El informe sobre paridad judicial no prejuzga el resultado de las votaciones que el Pleno del CGPJ celebre para resolver estas vacantes, pero es un motivo para aliviar la presión procedente del Gobierno a favor de las dos candidatas. La situación del Tribunal Supremo es lo suficientemente seria como para que el CGPJ la resuelva sin condicionamientos externos. Las vacantes se han acumulado en todas sus salas hasta un número intolerable, debido únicamente a la mutilación de competencias a la que fue sometido el CGPJ por el Gobierno socialista, con el extravagante aval del TC presidido por Conde-Pumpido. Solo es exigible del CGPJ que se mantenga en la senda de la independencia que acreditaron cuando sus veinte vocales eligieron a Isabel Perelló, sin sucumbir a los intereses que, de forma indisimulada, representaba el ministro de Justicia, Félix Bolaños . El Gobierno de Sánchez está en rumbo de colisión con la Justicia, cuyos tribunales penales y administrativos van desmontando, poco a poco, esa falacia de la 'máquina de fango' y el 'lawfare', para dejar al descubierto lo que no es más que una estrategia partidista para eliminar cualquier contrapreso democrático al ejercicio autocrático del poder desde La Moncloa. Del blindaje de la independencia del CGPJ depende la subsistencia del Estado de derecho.
