El auto de enjuiciamiento contra Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fue dispuesto por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien luego de una extensa investigación preparatoria dispuso que esta pase finalmente a juicio. En ese sentido, el Ministerio Público viene solicitando una pena de 34 años de prisión para el expresidente, quien viene cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, en Ate. El expresidente es investigado por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Ante cuantiosa pena, la defensa solo ha presentado ante el Poder Judicial, como medios probatorios, cuatro reportajes periodísticos, con el que busca librarse de la justicia en el juicio que afrontará. Con base en la información de la resolución judicial, Pedro Castillo presenta una limitada estrategia que plantea la razón del autogolpe en el clamor de los ciudadanos al cierre del Congreso en estos informes periodísticos.
"Cuatro reportes periodísticos en los que se aprecia a pobladores solicitando el cierre del Congreso, lo que conllevó al entonces presidente de la República, Castillo Terrones, a leer el mensaje de la Nación", se lee en el documento al que accedió La República.
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Los argumentos de Pedro Castillo son escasos a comparación de los presentados por su ex primer ministro Aníbal Torres, a quien se le han admitido pruebas testimoniales, periciales y documentales.¿La cantidad y los argumentos serán suficientes para que Pedro Castillo pueda persuadir al magistrado Checkley?
Este será el segundo caso en la historia del Perú en el que un golpe de Estado es llevado ante los tribunales de justicia. El precedente se remonta al autogolpe de Alberto Fujimori, ocurrido el 5 de abril de 1992. Este acto, aunque tuvo éxito en su momento, fue investigado y judicializado solo después de que Fujimori abandonara el poder y huyera a Japón, en medio de un escándalo de corrupción que involucraba a todo el aparato estatal.
Sin embargo, Fujimori no enfrentó juicio por este hecho, ya que la justicia chilena, durante su proceso de extradición, no consideró procedente este caso. Por el contrario, los ministros y altos mandos de las Fuerzas Armadas que respaldaron el autogolpe sí fueron llevados a juicio y enfrentaron las respectivas responsabilidades legales.
Casi dos años después de su detención por el intento de golpe de Estado, Pedro Castillo reiteró que no cometió ningún delito el 7 de diciembre de 2022. Durante una audiencia realizada el viernes 6 de septiembre para evaluar su excarcelación, el expresidente afirmó que no se levantó en armas, por lo que consideró que no se configura el delito de rebelión.
Castillo ofreció nuevamente su versión de los hechos, recordando el momento en que fue arrestado mientras se dirigía hacia la Embajada de México con su familia. En su declaración, aclaró que no intentaba huir, sino proteger a sus seres queridos, llevándolos a un lugar donde pudieran estar seguros.
"Fui a la embajada de México no para fugarme, fui a dejar a mi familia, a ponerla a buen recaudo porque la oligarquía, viendo que ha llegado un presidente del pueblo, que no firmó la hoja de ruta, que no estuvo de acuerdo con ellos, que no fue un santo de su devoción (...) por eso es que mi familia tuve que ponerla en buen recaudo", indicó Castillo.
