El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó este miércoles ante el Congreso una reforma de la Constitución para acaparar el control total de todos los poderes del país junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a quien dará el cargo de "copresidenta".
La propuesta, que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), en los próximos días. "Se está trabajando para la pronta aprobación", según la prensa oficialista.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América Latina de instaurar una autocracia en el país.
La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, al elevar su rango: "La presidencia de la República está integrada por un copresidente y una copresidenta", que se eligirán en comicios "cada seis años", no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.
Los copresidentes coordinarán "a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales", que la Constitución vigente reconocía como independientes.
La reforma "consolida lo que hemos avanzado en este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses", afirmó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, ante los diputados, que analizarán el texto en una comisión especial.
Es "meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial" y una "agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático", reaccionó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
Organizaciones en el exilio rechazaron la iniciativa. "Destruye derechos básicos, legitima la violencia estatal y concentra todo el poder en Ortega y Murillo. Un golpe directo a la democracia y las libertades", dijo en un comunicado la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN).
La reforma consigna que "los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense", tal y como ha hecho el gobierno con unos 450 políticos, empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.
Ortega y Murillo acusan a la Iglesia, periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La propuesta establece controles para los medios y la Iglesia para que no respondan a "intereses extranjeros".
Otra iniciativa de ley, presentada en paralelo a la reforma constitucional, amenaza con multas y suspensión de operaciones a quienes apliquen sanciones extranjeras.
"El Estado vigilará que los medios de comunicación social no sean sometidos a intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas", subrayó.
Además, "al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público", agrega el texto.
Un total de 278 periodistas han salido al exilio y ejercen su profesión desde Costa Rica y Estados Unidos, en tanto que medio centenar de religiosos fueron enviados al exterior, principalmente al Vaticano.
En la reforma, el gobierno propone la creación de una "Policía Voluntaria", integrada por civiles, como "cuerpo auxiliar y de apoyo" a las fuerzas de seguridad.
Durante las masivas protestas de 2018, hombres encapuchados y fuertemente armados intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes. Miles de personas partieron al exilio.
Según la propuesta, Nicaragua se define como un Estado "revolucionario" e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979.
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