La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles una reforma que elimina siete organismos reguladores, incluido el que protege datos personales, lo que según una relatoría de la ONU podría socavar el derecho a la privacidad.
El partido Morena y sus aliados aprobaron en lo general la reforma constitucional por 347 votos a favor y 128 en contra, informó el Legislativo.
Tras la votación, se declaró un receso para discutir el jueves consideraciones particulares que realicen los diputados, luego de lo cual será enviada al Senado.
La enmienda es impulsada por el gobierno de izquierda que considera que esas entidades autónomas son onerosas y debilitan su papel como regulador de la economía.
Pero los partidos de oposición aseguran que la reforma es parte de un proyecto "autoritario" del oficialismo, que gobierna con amplias mayorías en el Congreso desde que la presidenta Claudia Sheinbaum fue elegida en junio pasado.
Las funciones de los siete entes -enfocados en competencia económica, lucha contra la corrupción y sectores como telecomunicaciones, energía y política social- serán asumidas por diferentes secretarías (ministerios) con "independencia técnica", según la propuesta.
Una de las mayores polémicas es en torno al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que obliga a los organismos públicos a entregar información solicitada por los ciudadanos.
El INAI tiene además facultades para sancionar violaciones a la protección de datos personales.
"La desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad", advirtió la ONU a finales de agosto.
El INAI fue blanco de críticas del anterior presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que lo acusaba de servir a intereses privados y "delincuentes de cuello blanco".
La controversia también gira alrededor de la Comisión Federal de Competencia Económica, que vela por el cumplimiento de las leyes antimonopolio y cuya desaparición despierta inquietud en el marco del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige reguladores autónomos.
Pero el texto aprobado por los diputados asegura que el Estado seguirá garantizando la libre competencia que demanda el T-MEC, cuya próxima revisión está prevista para 2026.
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