El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, afirmó que la investigación judicial contra Nicanor Boluarte, quien enfrenta una orden de prisión preventiva por su presunta participación en la organización criminal Waykis en la Sombra, no debería afectar la gestión de la presidenta Dina Boluarte, hermana del implicado. Según el ministro, la mandataria no renunciará a su cargo a pesar de esta situación.
"Se busca mellar la voluntad de la presidenta y forzarla, desde un enfoque político, a renunciar o dar un paso al costado. Ella no lo hará. Está comprometida con el Perú y con su labor de encaminar al país hacia la senda correcta del desarrollo", declaró.
El ministro también calificó la prisión preventiva dictada contra Nicanor Boluarte como producto de una 'motivación política' atribuida al juez Richard Concepción Carhuancho. "Si la sala está determinando que lo que estoy argumentando (lo argumentado por Nicanor Boluarte) es correcto, ¿por qué se toman decisiones como la prisión preventiva? (...) Aquí no se está juzgando el fondo del caso, solo se está deteniendo a una persona durante tres años para evaluar si cometió o no el delito. Esto debería ser excepcional, pero en el Perú se está volviendo normal", argumentó.
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Respecto a la decisión de Nicanor Boluarte de pasar a la clandestinidad, Demartini señaló que responde a 'decisiones personales'. "Cada uno asume sus propias decisiones. Me imagino que el señor Boluarte está evaluando su situación, considerando que nuevamente se está vulnerando su libertad, uno de sus derechos fundamentales. Él tomará la decisión adecuada", enfatizó.
El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, en el marco de la investigación por el caso Los Waykis en la Sombra. El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, ordenó su ubicación, captura y traslado "inmediato" a un centro penitenciario.
La medida también se aplica a otros tres imputados en este caso: Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Griselda Herrera Vásquez. Las defensas legales de los acusados, incluido Boluarte, anunciaron que apelarán la decisión judicial.
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En el caso del hermano de la presidenta, el juez dispuso que la orden de ubicación y captura sea remitida a las autoridades competentes tanto a nivel nacional como internacional, ya que su paradero es desconocido.
Tal como informó La República, Nicanor Boluarte pasó a la clandestinidad el domingo 17 de noviembre, al no presentarse ni de manera presencial ni virtual en las audiencias públicas.
Cuando el juez preguntó al abogado defensor Luis Vivanco sobre el paradero de su cliente, este respondió que no había logrado comunicarse con él por teléfono. La misma explicación ofreció en la audiencia de la tarde. Los demás investigados: Jorge Luis Ortiz, Zenovia Herrera, Jorge Chingay Salazar y el abogado Mateo Castañeda, sí participaron en la sesión judicial.
