La posibilidad de que Muface deje de funcionar y lleve a cientos de miles de funcionarios y sus familiares a tener que integrarse en el sistema sanitario público preocupa en el Gobierno regional madrileño, por los «altísimos costes» que tendría y su repercusión sobre la calidad del servicio. Así lo ha reconocido este miércoles el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, quien ha adelantado que si finalmente se lleva a cabo este desmantelamiento, el Gobierno de Díaz Ayuso calculará los costes generados y se los reclamará al Gobierno central. La negociación entre compañías aseguradoras y los ministerios de Función Pública y Sanidad lleva meses desarrollándose, con el fin de mantener Muface en funcionamiento. Pero no...
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