Andrés Martínez Arrieta ocupará provisionalmente el puesto hasta que los vocales alcancen un acuerdo que se prevé difícil por las discrepancias entre los consejeros elegidos a propuesta del PP y los progresistas, que proponen a la magistrada Ana Ferrer
La Comisión de Igualdad del Poder Judicial insta a que la nueva cúpula del Supremo sea paritaria por primera vez
El juez Manuel Marchena no seguirá en funciones al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a partir del próximo 5 de diciembre, cuando expire su segundo mandato al frente de la Sala más delicada del alto tribunal, la que juzga a los aforados y por la que pasan los grandes casos de corrupción. Así lo trasladó este martes a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos vocales deberán elegir próximamente a su sucesor en una designación que se prevé complicada por las posiciones enfrentadas entre los bloques conservador y progresista.
En caso de vacante, la ley del Poder Judicial establece que los presidentes de las Salas serán sustituidos por el magistrado con mejor puesto en el escalafón de la Sala o sección de que se trate. En este caso, se trata del magistrado Andrés Martínez Arrieta, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que se autodefine como independiente. Se da la circunstancia de que Martínez Arrieta es el candidato preferido del sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para sustituir a Marchena.
La confirmación de que Marchena renuncia a seguir en ese puesto en funciones se produce en medio de la creciente tensión en torno a su sucesión. Para ese puesto se han presentado dos candidatos: el citado Martínez Arrieta y Ana Ferrer, afiliada a la progresista de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), y que es la candidata predilecta del grupo progresista del CGPJ, donde esgrimen, además de su currículum, que ese puesto debería ser ocupado por una mujer para cumplir con el criterio de paridad que marca la nueva normativa que aprobó el Gobierno.
La Comisión de Igualdad del órgano de gobierno de los jueces aprobó la semana pasada un informe en el que explica que, para cumplir con con esa norma, al menos dos de las cuatro presidencias de sala del Supremo pendientes de renovación deberán ser adjudicadas a mujeres para que, por primera vez, la composición de uno de los escalones más altos de la pirámide judicial sea paritaria.
La discrepancia entre conservadores y progresistas anticipa una situación de bloqueo como la que ya se vivió con la elección de la presidencia del órgano el pasado verano. Estos nombramientos requieren 13 votos, lo que supone sumar apoyos de las dos alas del CGPJ, que está dividido totalmente a la mitad, con 10 nombrados a propuesta del PSOE y Sumar y otros 10 a iniciativa del PP más la presidenta, Isabel Perelló.
