El Paquete Económico 2025, enviado la semana pasada por el Ejecutivo al Legislativo para su discusión y, en su caso, aprobación, puede examinarse desde dos ópticas.
La primera se enfoca en la congruencia contable de las proyecciones de las finanzas públicas. Desde este ángulo, el Paquete puede interpretarse como un esfuerzo de “consolidación fiscal”, entendida como una política orientada a reducir los déficits y la acumulación de deuda, a realizarse de forma gradual.
Respecto a 2024, se estima que, durante los próximos tres años, la razón del déficit público más amplio a PIB se reduzca en tres puntos porcentuales, mientras que la de deuda pública más amplia a PIB se mantenga constante.
Estas metas resultan lógicas, teniendo en cuenta que la proporción del déficit para 2024 es la más elevada del presente siglo, y la correspondiente a la deuda se ubica casi 24 puntos porcentuales por arriba de la de 2007.
La ausencia de corrección de la tendencia ascendente de la deuda conllevaría el peligro de propiciar un incremento del costo de financiamiento, con consecuencias adversas sobre la economía. Entre otras manifestaciones, ello ocurriría mediante un aumento de la prima por “riesgo país” en las tasas de interés de mercado, así como la continuación del deterioro de la calificación de la deuda soberana por parte de las principales agencias calificadoras, experimentado durante la administración anterior.
Para 2025, el gobierno federal propone un cociente de déficit amplio de 3.9 por ciento, dos puntos porcentuales menos que el de 2024. En pesos constantes y excluyendo las partidas extra presupuestales, el ajuste provendría de un aumento de 3.3 por ciento en los ingresos presupuestarios y una disminución de 3.6 por ciento en el gasto neto pagado.
Estas proyecciones han generado incredulidad entre muchos analistas, por razones debatibles. Del lado de los ingresos, el escepticismo ha emanado, principalmente, de los supuestos utilizados, siendo tal vez el más cuestionado, por alto, el crecimiento económico de 2.3 por ciento.
Es oportuno recordar que el oficio de pronosticar es aventurado, como lo demuestran las continuas adecuaciones de estos ejercicios por parte de los “expertos”. Sin que signifique avalarlos, no sale sobrando una actitud de humildad frente a los supuestos gubernamentales. Aunque no ha sido la regla, algunas veces, el gobierno ha sido más acertado que el “consenso”, como ocurrió, por ejemplo, en el Paquete 2023 con el crecimiento económico.
Del lado del gasto, la desconfianza de los comentaristas se ha centrado en la magnitud del ajuste y la dificultad de llevarlo a cabo. Aunque no debe subestimarse, el tamaño del desafío no invalida, por sí solo, el razonamiento presupuestal.
La segunda y más importante perspectiva de análisis es económica y explora la justificación social de las medidas subyacentes del programa de 2025. Con relación a 2024, se calcula que los ingresos petroleros y no petroleros aumenten en términos reales.
Aparte de los supuestos aludidos, la expansión de los ingresos, especialmente del gobierno federal, se hace depender de pocas medidas, entre las que destacan: en los tributarios, la fiscalización y los aranceles sobre algunos productos de países con los que México no tiene acuerdo comercial; y en los no tributarios, el aumento de ciertos derechos.
Si bien los aranceles y los derechos pueden involucrar distorsiones, en perjuicio del consumidor, es probable que su efecto global sea mínimo. Una advertencia menos favorable se aplicaría a la fiscalización, si la autoridad recurre, como parece haber sucedido ocasionalmente, a métodos extralegales, que pudieran introducir incertidumbre e inhibir la actividad económica.
El efecto de las medidas gubernamentales se constata más claramente en la estructura del ajuste de las erogaciones, realizado a través del gasto programable, cuya contracción real se prevé en 4.1 por ciento.
En términos de la clasificación “económica”, la mayor reducción se observa en la inversión física y los únicos rubros que aumentan son los subsidios y las pensiones. La clasificación “funcional” corrobora que la mayoría de los conceptos cae, destacando por su magnitud, entre las excepciones, el incremento de la protección social. Los desembolsos en salud y, en menor medida, educación registran disminuciones.
La composición del ajuste del gasto para 2025 confirma que el gobierno federal no persigue un objetivo de desarrollo económico, sustentado en la provisión de bienes públicos de calidad y la inversión en capital físico y humano, sino uno de distribución de transferencias, lo cual limita las posibilidades de un mayor bienestar social de forma sostenible.
