El 28 de julio pasado se produjeron dos acontecimientos políticos de enorme importancia y consecuencias para el país: la soberanía popular se decantó mayoritariamente (70% de los votos válidos) a favor del cambio político. El otro acontecimiento fue el desconocimiento de la voluntad popular mediante un fraude brutal, público y notorio cometido por quienes detentan el poder mediante la utilización ilegal y ventajista de los poderes del Estado y sus instituciones, en especial la FAN y los cuerpos de seguridad. El rechazo ciudadano al fraude fue respondido con una ola represiva, en progreso, donde el terror de Estado está siendo aplicado sin límites violando los derechos humanos, políticos y civiles de la ciudadanía.
El fraude a favor del continuismo escala el enfrentamiento de la sociedad con el Estado porque la gobernanza actual continuará actuando a contrapelo de los intereses, necesidades y deseos de la sociedad. La prolongación de ese desencuentro es una situación absolutamente negativa para el país en su conjunto porque la ausencia de legitimidad de origen y de gestión del gobierno solo favorece a sus ocupantes y aliados.
La República ha entrado en un nuevo estadio, el de la dictadura pura y dura sin afeites ni maquillajes como los que tenía antes del 28 de julio y que algunos caracterizamos de dictadura del siglo XXI o posmoderna y otros de autoritarismo competitivo. El régimen, ayuno de respaldo socio-político se sustenta, básicamente, en el terrorismo de Estado. De hecho, la autodefinición primigenia del mismo de “cívico-militar” ha mutado a “cívico-militar-policial con todo lo que ello significa y augura.
La nueva situación le plantea a la sociedad y al movimiento democrático (EGU, MCM, PU, sociedad civil y otros actores políticos) el reto de cómo posicionarse y actuar en defensa de los intereses del país, reivindicar la soberanía popular expresada el 28J y avanzar hacia el cambio en un contexto político signado por el terrorismo de Estado, el cierre de espacios y la criminalización de la disidencia.
Hay quienes desde posicionamientos diferentes: luchadores democráticos, supuestos opositores moderados plantean que lo sensato y realista es “pasar la página” y jugar con las reglas del sistema para acumular fuerza, preservar espacios, hasta allí llegan los primeros. Los segundos van más allá, también proponen que se trabaje para un gobierno de coalición integrado por los actores del fraude y sus víctimas presidido por Maduro, incluso deslizan que las víctimas se asimilen al sistema. En otras palabras, al igual que Corpoelec, “Borrón y cuenta nueva”. Son los mismos que insisten, distorsionando lo ocurrido antes, durante y después del 28J, en responsabilizar a la alianza que apoyó a EGU por la actitud asumida por el oficialismo respecto de los resultados electorales.
Pasar la página en los términos planteados no es lo procedente en las circunstancias actuales porque supone un estímulo a la reproducción de una gobernanza fracasada y repudiada. Jugar con las reglas del sistema es reconocer la legitimidad del mismo, es blanquear su desapego de la legalidad, su ejercicio arbitrario del poder, la violación de los derechos humanos, civiles y políticos de la ciudadanía. Y porque la inmensa mayoría de los venezolanos, visto lo ocurrido, no confía en las instituciones del Estado y con seguridad no atendería a convocatoria electoral alguna.
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